España.- El Gobierno aportará 86 millones de euros con cargo al FAD para 11 proyectos, 50 millones de ellos para UNIFEM

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros aprobó hoy once propuestas de concesión de contribuciones de España a fondos y programas internacionales correspondientes al ejercicio 2008 por un importe conjunto de 86,05 millones de euros y con cargo a la dotación presupuestaria del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) en materia de cooperación.

Por una parte, el Gobierno aprobó la concesión de 50 millones de euros al Fondo de Igualdad de Género del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), por considerar que "la igualdad de género es una prioridad real de la política española para el desarrollo, con un carácter de doble prioridad tanto horizontal, como específica en la definición de prioridades sectoriales".

El UNIFEM "representa una alianza entre países en desarrollo y donantes para acelerar el progreso hacia el objetivo de la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer", afirmó el Consejo de Ministros.

Asimismo, el Gobierno aprobó la concesión de diez millones de euros al Fondo Fiduciario para Agua y Saneamiento del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (UN-HABITAT), establecido en 2002 con el objetivo de avanzar en el cumplimiento del Objetivo del Milenio referente al acceso a agua y saneamiento.

Para el período 2008-2012, UN-HABITAT ha preparado un nuevo Plan Estratégico para el Fondo que contempla la focalización de sus actividades en torno a cuatro áreas: provisión de servicios duraderos para los pobres, búsqueda de sinergias entre medio natural y medio físico, monitoreo de los Objetivos del Milenio y otros indicadores de agua y saneamiento, e integración de infraestructura y vivienda. Además, la nueva estrategia contempla la expansión de actividades del Fondo en América Latina.

El Gobierno también aprobó una contribución de diez millones de euros al Fondo Fiduciario Temático de Gobernabilidad Democrática del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para el Programa Global de Apoyo a Ciclos Electorales. El objetivo del Fondo es el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática dando énfasis al desarrollo parlamentario, a los sistemas y procesos electorales, al acceso a la justicia y protección de los Derechos Humanos, al acceso a la información, a la descentralización, gobernabilidad local y desarrollo rural y urbano y a la reforma de la administración pública y lucha contra la corrupción.

El PNUD también recibirá una ayuda de siete millones de euros para Proyectos y Actividades de Lucha contra el Cambio Climático en Ciudades de América Latina. La aportación "busca fortalecer una línea de actuación dirigida al apoyo y capacitación de los Gobiernos locales de ciudades de Latinoamérica para proyectos que permitan un desarrollo bajo en emisiones de CO2 y posibiliten una mayor comprensión por su parte del funcionamiento de los mercados de carbono y un acceso más directo a los correspondientes fondos", señaló el Ejecutivo.

EDUCACIÓN Y CULTURA

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado una contribución de 3,75 millones de euros para el Fondo Español de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), así como de contribución a la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) a través de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), el organismo internacional de carácter gubernamental para la cooperación entre los países iberoamericanos en el campo de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, la democracia y la integración regional.

España contribuirá también con dos millones de euros a la Facilidad Financiera para Remesas en Áreas Rurales (FFR) del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), una agencia especializada de Naciones Unidas con el objetivo de combatir el hambre y la pobreza rurales en los países en desarrollo a través de la mejora de la producción alimentaria y de la nutrición de los grupos de bajos ingresos de los países en desarrollo y a través de créditos blandos y de donaciones.

El Gobierno también ha aprobado 1,5 millones de euros a la Contribución General Ruta-Unidad Regional de Asistencia, el llamado Proyecto RUTA, una alianza de los siete Gobiernos centroamericanos y siete agencias de cooperación internacional, que trabajan juntos en torno al objetivo de promover el desarrollo rural sostenible y competitivo y aliviar la pobreza en las zonas rurales del istmo.

Asimismo, se destinarán un millón de euros a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), un organismo que tiene el mandato de promover el desarrollo industrial en los países menos desarrollados y en países en transición, con especial atención al desarrollo de pequeñas y medianas empresas y a aspectos medioambientales.

Otro millón de euros irán destinados al Fondo de Educación en Emergencias y Países en Transición Post Crisis de UNICEF, creado en 2006 por esta agencia de la ONU y por Países Bajos con el objetivo de mejorar la calidad de la respuesta en educación en situación de emergencias y en países en transición tras las crisis, ayudando a estos países a crear un sistema educativo de calidad a pesar de las amenazas planteadas por el alto riesgo del entorno.

Por otra parte, el Gobierno ha aprobado una contribución de 250.000 euros al Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA), una organización intergubernamental especializada en la ejecución de proyectos de gobernabilidad y en el fomento de la democracia en los países en desarrollo.

Por último, también ha sido aprobado un fondo de 50.000 euros al Programa de Capacitación Legislativa y Lucha contra el Terrorismo de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), organización intergubernamental que agrupa a los países del este de África. El objetivo del programa, apoyado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pretende reforzar las capacidades de los poderes legislativos y judiciales de los miembros de IGAD para luchar contra el terrorismo.