España.- Moratinos recibe quejas por la salida de la representación española de la Asamblea de la UEO

El ministro se compromete a trasladarlas a las Mesas del Congreso y del Senado, responsables de la decisión

ESTRASBURGO (FRANCIA), 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, recibió hoy en Estrasburgo varias quejas de representantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa por la decisión de las Cortes españolas de prescindir de representación en la Asamblea de la Unión Europea Occidental (UEO).

Moratinos intervino hoy ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, con motivo del semestre de presidencia de España del Comité de Ministros de esta institución paneuropea creada en 1949, que hoy reúne a 47 Estados miembros y que no guarda relación alguna con las instituciones de la Unión Europea, aunque coopera con ellas.

Tras exponer las prioridades de la presidencia española, el ministro se sometió a las preguntas de los parlamentarios, varios de los cuales mostraron su malestar por la decisión que tomaron en diciembre pasado las Mesas del Congreso y del Senado, a iniciativa del presidente de la Cámara Baja, José Bono, para dejar de costear los desplazamientos de los miembros de la delegación española ante la Asamblea de la UEO para recortar gastos.

Fue el caso del parlamentario británico Robert Walter, del Grupo de los Demócratas Europeos y actual presidente de la Asamblea de la UEO. Walter se dijo "avergonzado" por tal decisión y recordó que el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español ha contribuido con alrededor de un millón de euros al presupuesto de la UEO.

Moratinos remarcó que se trata de una decisión adoptada "libremente" por las Cortes, por lo que el Ejecutivo español no puede "influir" en ella, aunque se comprometió a trasladar esta "preocupación" a los miembros del Congreso y del Senado.

"RIDÍCULO" PARA ESPAÑA

El parlamentario del Grupo del Partido Popular Europeo, Pedro Agramunt, reconoció sentir también cierto "sonrojo" por esta situación, al considerar que "supone un cierto ridículo" para España, primer Estado miembro de la UEO que ha adoptado una decisión así, coincidiendo además con su presidencia del Consejo de Europa y la proximidad de su presidencia de la UE en el primer semestre de 2010.

Agramunt subrayó que esta decisión supone la violación por parte de España del Tratado de Bruselas por el que se adhirió a la organización en 1990, además de dejar al país sin posibilidad de ejercer un control parlamentario sobre asuntos que conciernen a la seguridad y defensa europeas.

Se refería así a que la Asamblea de la UEO representa todavía el único foro europeo que reúne a los parlamentarios nacionales de forma regular para trabajar y supervisar colectivamente la política europea de seguridad y defensa.

El senador 'popular' preguntó al ministro si el Gobierno español, que dentro de un año debería presidir el Consejo de Ministros de la UEO, prevé "denunciar" el Tratado de Bruselas, esto es, anunciar públicamente su intención de abandonar la UEO con un año de antelación.

El ministro eludió la pregunta y señaló que el Tratado de Lisboa "no hace referencia a la UEO porque no tendrá razón de ser" con la ratificación de ese documento, que implicará la sustitución de la UEO por "otros instrumentos".

El Tratado de Lisboa, pendiente aún de completar su ratificación tras el rechazo de Irlanda en referéndum, establece que "la UE elaborará, junto con la Unión Europea Occidental, acuerdos de cooperación más intensa entre sí". Algunos interpretan que esto equivale a que será absorbida por la UE, aunque esta decisión aún no está oficialmente adoptada.

La UEO es una organización europea de cooperación para la defensa y la seguridad fundada en 1948 por el Tratado de Bruselas. Está constituida por 28 países, miembros de la UE junto a otros países europeos socios de la OTAN, como Noruega, Islandia y Turquía.

Las quejas expresadas hoy se unen a las dos cartas enviadas a Bono por parte del anterior presidente de la Asamblea de la UEO, el francés Jean-Pierre Masseret, quien advirtió al presidente del Congreso de que España está "obligada a hacer frente a sus obligaciones legales" con respecto al Tratado por el que se adhirió a la organización en 1990, incluida "su participación en la Asamblea parlamentaria tal y como está mencionado" en el artículo IX de ese texto.