MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una comisión encabezada por el juez del Tribunal de Apelaciones de Ontario, Paul Rouleau, ha determinado este viernes que la declaración del estado de emergencia en Canadá fue "apropiada" ante la situación de peligrosidad que supusieron las protestas de enero y febrero contra la COVID-19 del llamado 'Convoy de la Libertad'.
"Desde mi punto de vista, había información creíble y convincente que respaldaba una creencia razonable de que se cumplía con la definición de amenaza a la seguridad de Canadá", ha señalado Rouleau en su escrito, con más de 200 páginas, ha recogido la cadena CBC.
El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuvo que activar la Ley de Emergencias para atajar la crisis, una legislación que le ha llevado a ser investigado por una comisión especial, ya que, desde su creación en 1988, nunca había sido utilizada por el Ejecutivo.
Rouleau ha especificado en su informe que la mayoría de las medidas implementadas durante las protestas fueron "apropiadas y efectivas", aunque ha expresado serias dudas acerca de la congelación de las cuentas bancarias de los manifestantes.
"La ausencia de reglas específicas sobre el descongelamiento (de las cuentas) causó preocupación en las instituciones financieras, que no tenían claro cómo determinar cuándo una persona incluida en un informe ya no era una persona designada", ha explicado.
Pese a que el informe ha sido indulgente con el primer ministro canadiense, sí ha criticado las palabras que pronunció el 27 de enero, cuando se refirió a los manifestantes como una "minoría marginal", lo que, a su juicio, inflamó aún más la situación.
Asimismo, también se ha referido a la actuación policial, asegurando que hubo una "falta de planificación adecuada, fallas de inteligencia y disfunción interna a la par que ha centrado la mayoría de las responsabilidades en el exjefe de policía de Ottawa, Peter Sloly.
Finalmente, Rouleau ha criticado la inacción del Gobierno de Ontario, liderado por el primer ministro Doug Ford, quien no asistió a dos "reuniones tripartitas" con representantes federales y municipales para resolver la crisis, según la citada cadena.
"Dado que la ciudad y su servicio de Policía estaban claramente abrumados, le correspondía a la provincia comprometerse de manera visible, pública y sincera desde el principio", ha zanjado el juez canadiense en su escrito.
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