Filipinas.- La nueva ley antiterrorista, pendiente de la ratificación de la presidenta Arroyo

MANILA 20 Feb. (EP/AP) -

La entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, la Ley de Seguridad Humana, que ya ha sido aprobada por el Senado y la Cámara de Representantes, está pendiente de la firma de la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, según informaron fuentes oficiales.

Se espera que dicha rúbrica se realice próximamente, aunque aún no se ha facilitado todavía una fecha concreta. Estados Unidos y otros países occidentales han venido presionando al Gobierno filipino para que pusiera en marcha una nueva ley antiterrorista que actuara contra grupos relacionados con Al Qaeda acusados de perpetrar ataques con bomba, decapitaciones y secuestros.

Las preocupaciones de que esta nueva legislación ampare abusos contra los Derechos Humanos y de que sea utilizada por el Gobierno de Arroyo para arremeter contra sus rivales políticos han provocado que los senadores de la oposición se hayan demorado para darle el visto nuevo.

El secretario de Justicia, Raúl González, indicó que los grupos relacionados con Al Qaeda acusados de cometer actos violentos --tales como el Jemaah Islamiyah, con base en Indonesia, o los grupos extremistas de Abu Sayyaf-- serán proscritos bajo la nueva ley. La inclusión en una lista de grupos terroristas de otros grupos rebeldes, como el comunista Nuevo Ejército del Pueblo, tendrá que ser estudiada, y en su decisión participarán activamente miembros de la Policía y el Ejército.

"Estudiaremos qué organizaciones legales puedan apoyar a terroristas, ya que eso es un crimen", declaró el secretario de Justicia.

Cuando la nueva ley entre en vigor, todo grupo que propugne o recurra a actos terroristas para conseguir cualquier demanda política será considerado ilegal después de que un tribunal de Justicia haya ratificado su prohibición. Dichos grupos serán debidamente notificados y se les dará una oportunidad para refutar las alegaciones.

La pertenencia a esto grupos será considerado un delito, aunque la nueva ley no explicita ningún tipo de pena específica contra el mismo. Posiblemente, un acusado de pertenencia a estos grupos podría ser considerado cómplice de cometer terrorismo, delito que puede alcanzar penas de hasta 40 años de prisión.