MANAOS, BRASILIA, 6 Ene. (Reuters/EP) -
Un fiscal de Brasil ha reclamado este jueves que se anule el contrato firmado con un consorcio para la gestión de prisiones en el país, apuntando a signos de corrupción.
El fiscal del Tribunal de Cuentas del estado de Amazonas, Carlos Almeida, ha afirmado que ha hallado pruebas de pagos irregulares en el contrato firmado por el Estado y el consorcio Pamas.
Entre las prisiones gestionadas por el consorcio figura la cárcel Anisio Jobim, donde esta semana han muerto 56 reos en un enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes.
Almeida ha detallado que Pamas, formado por Umanizzare Gestao Prisional e Serviços Ltda y LFG Locaçoes e Serviços Ltda, recibió unos 400 millones de reales (cerca de 118 millones de euros) en 2016 para coadministrar las cárceles de Amazonas.
"Hay indicaciones de que esos pagos podrían haberse inflado", ha manifestado, en declaraciones a la agencia británica de noticias Reuters, recalcando que ya advirtió a las autoridades de Amazonas sobre problemas con el contrato.
El presidente de Brasil, Michel Temer, ha prometido este mismo jueves una mayor implicación del Gobierno federal en el sistema penitenciario a raíz de la reyerta.
El Gobierno federal desbloqueó en diciembre 1.200 millones de reales (más de 350 millones de euros) del Fondo Penitenciario Nacional (FUNPEN) para ayudar a los estados a mejorar su sistema penitenciario y Temer ha asegurado que 800 millones irán destinados a construir al menos una cárcel más por territorio.
Asimismo, se destinarán al menos 150 millones de reales a instalar inhibidores de frecuencia en al menos el 30 por ciento de los centros, según informa la Agencia Brasil.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alexandre Moraes, ha anunciado la creación de cinco nuevas cárceles de máxima seguridad --más del doble de las actuales-- y reformas legislativas para que los responsables de delitos no violentos no pasen largas temporadas entre rejas, en un intento por aliviar la saturación.
