SOFÍA, 26 Jul. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Bulgaria ha superado este jueves una moción de censura en el Parlamento que la oposición había presentado argumentando que el Ejecutivo de Boiko Borisov no ha reformado el lento e ineficiente sistema judicial y tampoco se ha procesado a líderes de bandas criminales organizadas y a quienes han cometido delitos de corrupción.
Es la cuarta vez que el Gobierno de Borisov, de centro-derecha, sobrevive a una moción de este tipo desde que se formó, hace tres años. El triunfo de este jueves, que ha sido posible gracias al respaldo de diputados independientes, ya se preveía.
El número de parlamentarios que han votado a favor de la propuesta, 72, ni siquiera se acerca al mínimo necesario para tumbar al Gobierno, 121. Un total de 136 diputados han rechazado la moción.
La oposición de izquierdas y el Movimiento por los Derechos y las Libertades (un partido de origen turco) presentaron la moción de censura después de que la Unión Europea anunciase que iba a prolongar su misión de supervisión del sistema judicial de Bulgaria y de las medidas que se toman contra el crimen organizado y la corrupción.
El Partido Socialista Búlgaro ha afirmado que el atentado con bomba perpetrado la semana pasada por un terrorista suicida en la ciudad de Burgas es una prueba más de la debilidad de la política del Gobierno en materia de seguridad.
La oposición considera que la prolongación de la misión de supervisión de la UE impedirá que Bulgaria entre en la zona Schengen (formada por países entre los que se puede viajar sin ser sometido a controles en las fronteras internas) y refuerza la imagen del país, el último en entrar en la UE y el más pobre del bloque, como un miembro de segunda clase.
La mayoría de los 150 asesinatos por encargo que se han cometido en Bulgaria en los últimos diez años aún constituyen casos sin resolver y ningún miembro de las autoridades ha ido a prisión por delitos de corrupción.
Además, el crimen organizado tiene una gran importancia y cada año genera unos 1.800 millones de euros (el 5 por ciento del PIB nacional), según un informe reciente del Centro para el Estudio de la Democracia, un grupo de expertos independiente con sede en Sofía.
Según ese informe, el principal problema que se debe solucionar es el de los "oligarcas" que tienen negocios legales y, al mismo tiempo, están implicados en actividades de fraude fiscal, cometen delitos de corrupción y ejercen presión de manera ilícita. El Gobierno ha creado un tribunal especial para los casos relacionados con el crimen organizado y ha aprobado una nueva ley, más dura, para confiscar activos obtenidos ilegalmente.