SANÁ, 11 Sep. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Yemen ha anunciado que invertirá 1.200 millones de dólares (unos 905 millones de euros) para devolver sus puestos de trabajo a los sureños que los perdieron tras la guerra civil de 1994, como parte del acuerdo para que los secesionistas vuelvan a la Conferencia Nacional.
El ministro de Cooperación Internacional, Mohamed al Saadi, ha explicado que este dinero se destinará a restituir o a indemnizar a las decenas de miles de funcionarios y soldados del sur que fueron despedidos tras la victoria del norte.
Al Saadi ha detallado que, de los 1.200 millones de dólares, Qatar --que ha contribuido a estabilizar Yemen desde la caída del régimen de Alí Abdulá Salé-- se ha comprometido a aportar 350 y que los 850 restantes saldrán de los donantes internacionales.
La creación de este fondo forma parte del acuerdo al que el Gobierno y el Movimiento del Sur de Yemen (Al Harak) llegaron el pasado domingo para que los secesionistas de las provincias meridionales vuelvan a la Conferencia Nacional.
Este martes, el representante de Al Harak en la Conferencia Nacional, Yassin Mekkawi, confirmó que habían accedido a volver después de que el presidente yemení, Abdo Rabbo Mansour Hadi, les garantizara que se abordarán sus demandas.
Por su parte, el diario 'Yemen Post' reveló que los representantes del Gobierno y Al Harak también han acordado crear un comité especial, integrado por 16 personas, para analizar las reivindicaciones secesionistas.
El pasado 20 de agosto, los líderes de Al Harak anunciaron que, tras reunirse durante varios días en Adén, habían decidido "no volver a la Conferencia Nacional en la fase actual". "Si volvemos será para discutir el futuro del sur con todas las partes implicadas", dijeron.
El líder de Al Harak, Ahmed bin Fardi al Suraima, ya había anunciado el pasado mes de mayo su retirada definitiva de la Conferencia Nacional al considerar que los participantes "no estaban abordando el derecho a la autodeterminación".
Al Suraima, líder histórico del movimiento independentista, regresó a Yemen a finales del año pasado, después de pasar una década exiliado en Omán, y aceptó unirse a la Conferencia Nacional, a pesar de su negativa inicial.
Al Suraima condicionó su participación a que el Gobierno contemplara la secesión del sur como una opción real, mientras que él se comprometió a tener en cuenta otras alternativas, como el federalismo o la semiautonomía.
SALIDA DE AL ISLÁ
El pasado mes de marzo, varios líderes de la opositora Congregación Yemení por la Reforma (Al Islá) también abandonaron la Conferencia Nacional, en señal de protesta por lo que consideran una representación injusta de los jóvenes que impulsaron la revolución de 2011.
Al Islá fue uno de los primeros partidos yemeníes en apoyar la sublevación popular de 2011, incluso llegó a usar su influencia política y militar para proteger a los jóvenes revolucionarios de la represión de las fuerzas gubernamentales.
Al Islá es una coalición opositora integrada por la rama yemení de Hermanos Musulmanes, liderada por Mohammed Qahtan; la confederación tribal de Abdulá ibn Husayn al Ahmar, al que ha sucedido su hijo Sadeq; y el movimiento salafista yemení, encabezado por Abdul Majeed al Zindani.
CONFERENCIA NACIONAL
La Conferencia Nacional comenzó el pasado 19 de marzo, en medio de fuertes críticas al proceso de transición política iniciado en noviembre de 2011 y de una gran inseguridad que dejó varias víctimas mortales en las provincias meridionales.
La Conferencia Nacional es parte del acuerdo auspiciado por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con el que las fuerzas yemeníes pusieron fin a un año de protestas populares contra el Gobierno de Salé y sentaron las bases de la transición política.
El principal objetivo de la Conferencia Nacional es que las fuerzas yemeníes lleguen a un acuerdo inclusivo para redactar una Constitución, que debería estar lista este año, y dar lugar a la celebración de elecciones presidenciales y legislativas en 2014.
De este encuentro nacional se espera también una respuesta consensuada a las aspiraciones secesionistas de las provincias meridionales, a la reparación de las víctimas de la guerra de Saada (2004), a los derechos de las mujeres y a las reformas gubernamentales para combatir la corrupción.