La oposición teme que este proyecto de ley fomente la impunidad
MANAGUA, 8 Jun. (Reuters/EP) -
El Gobierno de Nicaragua ha presentado este viernes al Congreso un proyecto de ley para liberar a personas que hayan sido arrestadas durante las protestas contra el presidente del país, Daniel Ortega, mientras la oposición teme que esta ley limite la posibilidad de investigar al Estado por la represión contra los manifestantes.
El mandatario nicaragüense se ha comprometido a liberar a los detenidos en las manifestaciones antigubernamentales, que comenzaron en abril de 2018, con el objetivo de retomar el diálogo con la oposición y acabar con la crisis política.
El Gobierno del país excarceló a 521 "presos políticos", pero aún están en prisión 182, según el Comité de Familiares de Presos Políticos. Por otra parte, varios organismos de Derechos Humanos han señalado que fruto de estas protestas, más de 324 personas han muerto, en su mayoría, manifestantes opositores.
"Concédase amplia amnistía a las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha de entrada en vigencia de la presente ley", recoge la iniciativa.
La amnistía se extendería "a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación" o en procesos penales y "en cumplimiento de ejecución de sentencias", afirma el texto legal.
El proyecto, presentado por diputados del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que tiene amplia mayoría en el Parlamento, ha sido criticado por la opositora Alianza Cívica, que ha negociado la liberación de los manifestantes.
"El Gobierno quiere garantizar la impunidad para paramilitares y policías que participaron en la represión contra la población que protestaba y justificar con la ley la liberación de presos políticos", ha señalado el portavoz de la agrupación, José Pallais.
La propuesta tampoco ha sido aceptada por los familiares de las víctimas. "La rechazo totalmente porque evitará que encuentre justicia por el crimen de mi hijo", ha afirmado Álvaro Conrado, cuyo hijo de 15 años murió de un disparo en la garganta durante una manifestación en abril de 2018.
CRISIS POLÍTICA
La crisis, que estalló en abril de 2018, comenzó con protestas por una polémica reforma de la seguridad social que crecieron rápidamente hasta exigir la "democratización" de Nicaragua, en lo que ha sido el mayor desafío a Ortega en sus quince años de gobierno.
Más de 300 personas murieron y otras cientos fueron detenidas. Expertos del sistema interamericano que viajaron al país para constatar la situación interna han recomendado en un informe juzgar a Ortega por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la represión de las protestas.
El líder 'sandinista' ofreció entonces un diálogo nacional que fracasó por su negativa a convocar elecciones anticipadas. El pasado mes de febrero, las partes acordaron retomar las conversaciones y celebraron las primeras reuniones. Desde entonces la Alianza Cívica ha denunciado en numerosas ocasiones incumplimientos del Gobierno.
