MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Perú ha presentado un proyecto de modificación del Código Penal para endurecer las penas de delitos contra los bienes públicos y privados, así como los que afectan a la vida y la salud, en un esfuerzo por disuadir los enfrentamientos durante las manifestaciones contra el Ejecutivo de la presidenta Dina Boluarte.
La iniciativa plantea endurecer las penas de delitos cometidos "durante el estado de emergencia y la convulsión social" y propone aumentar de ocho a catorce años las penas para lesiones leves (la actual es de dos a cinco años) y sanciones entre cuatro a ocho años para daños de bienes (actualmente de uno a seis años), según ha informado RPP.
Asimismo, atentar contra medios de transporte contaría con una pena de ocho a 20 años, en lugar de una de tres a seis, mientras que los disturbios se penarían con una sanción no menor de 15 años de prisión, en vez de los de seis a ocho años actuales.
La medida ha sido criticada por la oposición, que cree que la propuesta del Gobierno de Boluarte es "autoritaria", una calificación que el ministro de Justicia peruano, José Tello, ha rechazado.
"Hay que separar las cosas: está bien el contexto de protesta que tenemos, hay que ser respetuosos de la protesta, pero también hay que ser cautos en que la protesta no se puede degenerar y terminar en actos de violencia. Creo que todos lo entendemos porque una cosa es salir a protestar a las calles y otra es ir a tomar aeropuertos", ha aseverado el titular de Justicia de Perú, según ha recogido la citada emisora.
Hasta el momento, el proyecto se encuentra en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, donde deberá ser revisada por los miembros de la misma.
Perú está sumido en una profunda crisis política después de la destitución del expresidente peruano Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.
Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
