Gobierno pretende castigar con prisión a algunos manifestantes

EL CAIRO, 23 Mar. (Reuters/EP) -

El Gobierno egipcio ha aprobado los borradores de varias leyes para que en algunos casos se castigue con penas de prisión a quienes participen en actos de protesta y huelgas y para permitir la formación de nuevos partidos políticos, según ha informado el Gabinete en un comunicado.

El que se permitiese la creación de nuevos partidos era una promesa que había hecho el Ejército, que ha supervisado la formación del Gobierno de transición, creado tras el derrocamiento del presidente Hosni Mubarak por una revuelta popular el pasado febrero.

La revuelta popular desencadenó una serie de huelgas en las que participaron trabajadores de fábricas, empleados de bancos y funcionarios. Ahora ya no se hacen tantas huelgas, pero algunos empleados del servicio de correos, policías y personal de hospitales, entre otros, siguen manifestándose para reclamar mejores sueldos y condiciones de trabajo.

El Ejecutivo ha afirmado que las huelgas deben parar porque ya ha respondido a muchas de las demandas y está estudiando otras. "El Gobierno está trabajando en una nueva política para abordar el tema del trabajo y los salarios y, en este contexto, el Gabinete ha aprobado el borrador de una ley que penalizará algunos casos de protestas y huelgas", ha explicado.

La ley, que será válida mientras el estado de emergencia decretado hace varias décadas siga vigente, se aplicará a las huelgas que perturben el funcionamiento de las empresas y afectará también a quienes inciten a la realización de protestas, según el Gabinete.

PARTIDOS POLÍTICOS

El Gobierno interino se ha comprometido a levantar el estado de emergencia, una de las principales demandas del movimiento de protesta que derrocó a Mubarak. El Ejército también había dicho que iba a acabar con las restricciones que afectan a la formación de partidos políticos después de la aprobación de varias enmiendas a la Constitución en un referéndum celebrado el pasado sábado.

El Gabinete ha señalado que esas enmiendas mantienen la norma que prohíbe los partidos que discriminen por motivos religiosos, de género, étnicos, raciales o lingüísticos. Además, los partidos deberán ser transparentes en lo referente a su financiación y su organización y para su creación necesitarán la firma de 1.000 miembros fundadores de al menos diez provincias del país.

Los partidos nuevos deberán notificar su creación a un comité formado por un juez y dos miembros del Consejo de Estado y no podrán recibir donaciones de personas o gobiernos extranjeros, según el comunicado.