JARTUM, 4 Ago. (Reuters/EP) -
Varios grupos humanitarios aseguraron este martes que Sudán se llevó millones de dólares de sus organizaciones en activos incautados y en indemnizaciones por despido obligatorias después de expulsarlos tras la orden de arresto que el Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió contra el presidente sudanés, Omar Hassan al Bashir, por crímenes de guerra y contra la Humanidad.
Por su parte, el Ministerio de Asuntos Humanitarios de Sudán ha afirmado que actuaron dentro de la legislación. Sudán expulsó a trece ONG extranjeras y cerró tres organizaciones locales el pasado mes de marzo, bajo la acusación de pasar información al tribunal, un cargo que las organizaciones niegan.
Tres de los grupos expulsados declararon a Reuters que las autoridades sudanesas se hicieron con 5.2 millones de dólares en activos --incluidos ordenadores, vehículos y equipamiento-- y más de nueve millones en pagos al personal local que perdió su trabajo.
El ministro para Asuntos Humanitarios, Abdel Baqi al Jailani, afirmó que se están manteniendo los bienes "en reserva" para las nuevas organizaciones que lleguen para reemplazar a los expulsados.
"Las ONG firmaron un acuerdo por el que, si eran expulsadas, sus activos serían utilizados por otras", aseguró Al Jailani. "Estos activos se mantienen en reserva para las próximas ONG, y éstas los utilizarán", añadió. El ministro también indicó que las indemnizaciones por despido se hicieron de acuerdo con regulaciones. "Si tienen algunas discrepancias, pueden contactar conmigo, nosotros estamos dispuestos a negociar", afirmó.
Los grupos humanitarios también detallaron que se les obligó a pagar seis meses de salario a su personal como compensación por el "fin agresivo" de sus contratos. Asimismo, aseguraron que el Gobierno sudanés había congelado sus cuentas bancarias o había ordenado a las organizaciones que entregaran estas compensaciones al Gobierno y que sus instituciones lo distribuirían entre los trabajadores.
Un trabajador de uno de los grupos expulsados, bajo condición de anonimato, informó de que todas las organizaciones del país habían firmado un acuerdo por el cual sus activos podrían ser utilizados por otros si eran expulsados. "Si hubiéramos sido expulsados por hacer algo incorrecto sería una cosa, pero no hicimos nada malo y no siguieron sus propias reglas cuando nos echaron", afirmó. Este trabajador añadió que no tienen pruebas de que sus materiales hayan terminado en otros grupos.
Uno de los ejemplos son las declaraciones de la portavoz de Médicos Sin Fronteras (MSF) Holanda, Naomi Pardington, indicó que el grupo tuvo que pagar unos 850.000 euros a su personal de acuerdo con la propia regulación del grupo, y otros 650.000 euros a los que le obligó el gobierno, mientras que perdió más de 790.000 euros en activos.
