Pretende evitar que la Audiencia Nacional se convierta "en un juguete" y tacha la acción penal de "fraudulenta" y "artificial"
MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció hoy que la Fiscalía no apoyará la querella presentada en la Audiencia Nacional contra los asesores de la Administración de George W. Bush que idearon el entramado jurídico de la base de Guantánamo. Según explicó, pretende evitar que este órgano judicial español "se convierta en un juguete" y aseguró que la citada querella es "una acción penal fraudulenta" que pretende un "artificio jurídico".
"Sinceramente creo que es una querella fraudulenta", aseguró de manera tajante el fiscal general del Estado durante su participación en el desayuno informativo de Europa Press. Según explicó, "si se actúa por un delito en principio de maltrato a los prisioneros de guerra que se podría haber cometido en Guantánamo, esa denuncia debería ir contra los autores materiales y no contra los asesores o las decisiones ejecutivas de la Administración norteamericana".
"Es indudable que no podemos apoyar esa acción y es indudable también que el criterio de la Fiscalía es el de defender a muerte el ejercicio de la jurisdicción universal por parte de la Audiencia Nacional, pero evitar que se convierta en un juguete en manos de personas que buscan un determinado protagonismo o intentan una acción política", añadió.
Según reiteró, "se trata de una política de la Administración norteamericana" y calificó como un "artificio" intentar formular un proceso penal contra los asesores del ex presidente George W. Bush. "Los asesores pueden tener algún tipo de responsabilidad pero los querellantes no pueden pretender dar una vuelta para formular una denuncia contra estos asesores", añadió.
A su entender, esta querella "se debe presentar primero en Estados Unidos y si se demostrase que allí se intentó presentar esa acción y no prosperó es cuando podría empezarse a pensar la posibilidad de ejercitar una acción supletoria". En ese sentido recordó que "se trata de denuncias contra personas que son residentes de Estados Unidos, una de ellas fue fiscal general y fue recibido en España".
PRESENTACIÓN DE LA QUERELLA
La querella fue presentada a finales de marzo por la Asociación Dignidad de los Presos y Presas de España contra seis miembros de la Administración de George W. Bush --abogados y juristas-- que, a su entender "participaron activa y decisivamente en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento de un andamiaje jurídico" que permitió el modelo de prisión de Guantánamo. Les acusan de la comisión de delitos de tortura y de privación del derecho a un juicio imparcial.
Según los querellantes, estas seis personas son responsables de privar de derechos fundamentales a los prisioneros, estructurar técnicas de interrogatorio que abarcan la tortura y "establecer la más absoluta impunidad para todos los funcionarios, militares, médicos y demás personal que han participado en lo sucedido en el centro de detención de Guantánamo".
Se trata en concreto del consejero general del vicepresidente Dick Cheney, David Addington; el asistente del fiscal general Jay S. Bybee; el subsecretario de Defensa para Asuntos Legales, Douglas Feith, el consejero general de la Oficina del secretariado de Defensa William J. Haynes; el segundo asistente del fiscal general John Yoo y el ex fiscal general Alberto R. Gonzales.
La querella aclara que el citado andamiaje jurídico permite que los prisioneros sean dejados en Guantánamo ya que "ese lugar no es territorio norteamericano y por ello queda fuera de la Jurisdicción de los Tribunales Federales de los Estados Unidos". Los primeros traslados de presos tuvieron lugar a partir del 2002.
