El tribunal aplaza hasta finales de marzo la sentencia debido a "la complejidad y seriedad del asunto"
MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
El fiscal en el juicio que se sigue en Malabo contra los supuestos colaboradores en el asalto del 17 de febrero de 2009 contra el Palacio Presidencial de Malabo ha rectificado sus peticiones iniciales y ha solicitado la libre absolución para ocho de los once militantes de Unión Popular (UP) y una reducción de la pena inicial para cuatro miembros de esta formación opositora, incluido su presidente, Faustino Ondó, y para los siete nigerianos.
Según indicó el Ministerio de Información en su página de Internet, el tribunal ha decidido aplazar hasta finales de marzo la sentencia para los detenidos debido a "la complejidad y seriedad del asunto". Ayer lunes concluyó la vista pública del proceso, que se celebra desde el pasado miércoles en el Palacio de Conferencias de Banapá, "con presencia de público y de los medios de comunicación del país y algunos extranjeros", según el Ministerio.
Los procesados, acusados de "terrorismo, conspiración e intento de homicidio al presidente de la República", son once ecuatoguineanos pertenecientes a la UP y siete comerciantes nigerianos. Fuentes guineanas de defensa de los Derechos Humanos han calificado el proceso de "montaje" del presidente Teodoro Obiang Nguema para "apartar a todos los que percibe como enemigos" y para ocultar los errores cometidos por los responsables de seguridad durante el asalto.
Según el Ministerio de Información, "el asalto ocurrió el 17 de febrero de 2009 a las cuatro de la madrugada, cuando unos cincuenta mercenarios que viajaban a bordo de unas lanchas desembarcaron en el puerto, se dirigieron al Palacio Presidencial e iniciaron un asalto en las cercanías del edificio". "Las fuerzas armadas repelieron el ataque y detuvieron a parte de los atacantes", prosiguió el Ministerio.
"Los detenidos en aquella acción, seis varones y una mujer, son de nacionalidad nigeriana", añadió. "El Tribunal también ha procesado por los mismos hechos a diez ecuatoguineanos, cuatro de ellos siguen acusados", aseguró el Ministerio. Los abogados de "todos los encausados" han solicitado la "plena absolución por falta de pruebas", precisó la misma fuente oficial.
UNIÓN POPULAR
Según el Ministerio, la fiscalía "ha anunciado la absolución para la mayor parte de los ciudadanos ecuatoguineanos acusados con estar relacionados con el asalto". "Uno de los que siguen acusados es Faustino Ondo", prosiguió el Ministerio, que se refirió a Ondó como "ex presidente del partido Unión Popular". Las autoridades judiciales le consideran "como uno de los organizadores de la conspiración" y está siendo juzgado "en rebeldía, ya que se encuentra exiliado en España", añadió.
La fiscalía ha pedido la absolución para ocho de los militantes de UP y "para los cuatro acusados ecuatoguineanos se solicita ahora una condena mayor, concretamente de doce años y medio", según el Ministerio. Entre ellos figuran el propio Faustino Ondó Ebang, Marcelino Nguema y Santiago Asumu, según fuentes del interior del país. El fiscal había solicitado inicialmente penas de entre 20 y 30 años de prisión para todos los procesados.
La Ejecutiva de Unión Popular, citada por la Asociación para la Solidaridad Democrática con Guinea Ecuatorial (ASODEGUE), ha expresado su satisfacción por la petición de libre absolución a una parte de los miembros de su partido y ha solicitado la misma medida para el resto "ante la falta de pruebas".
Se da la circunstancia de que el abogado de los guineanos, Fabián Nsue, había recusado al presidente del Tribunal, Antonio Pascual Oko Ebobo, "por tener pleito pendiente contra don Faustino Ondó Ebang", el máximo dirigente de UP, refugiado en España desde 2007 y cuyo nombre figura en primer lugar en el auto de acusación como "promotor" del asalto.
El Gobierno atribuyó en su momento el ataque al Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND) y aseguró que Faustino Ondó había contactado con este grupo rebelde nigeriano para preparar el asalto. Ondó, cuyo nombramiento como presidente de UP en noviembre de 2007 fue impugnado por el Gobierno --la impugnación fue presentada por el propio Antonio Pascual Oko Ebobo en calidad de abogado--, está siendo juzgado 'in absentia'.
LOS NIGERIANOS
Todos los procesados fueron detenidos en las fechas posteriores al asalto. A finales de marzo de 2009, Amnistía Internacional (AI) denunció la detención "arbitraria", sin cargos ni juicio, de los miembros de UP --entre los que figuraban la esposa y un hermano de Faustino Ondó Ebang--, todos ellos arrestados "sin la preceptiva orden" entre el 18 de febrero y el 1 de marzo de 2009 en Bata, principal ciudad del continente, y en Malabo.
Por su parte, el Informe sobre Derechos Humanos publicado la pasada semana por el Departamento de Estado de Estados Unidos afirmaba, en su capítulo dedicado a Guinea Ecuatorial, que tras el ataque del 17 de febrero contra el Palacio Presidencial, el Gobierno detuvo "arbitrariamente, sin orden judicial y sin cargos", a numerosas personas, una de las cuales "murió a causa de las palizas durante los interrogatorios" y dos de las cuales "fueron torturadas". Entre los detenidos por estos hechos, aseguraba el Departamento de Estado, figuran ocho pescadores nigerianos y la esposa de uno de ellos, Afiong Etim, la cual "murió como consecuencia de las palizas administradas durante el interrogatorio".
La fiscalía ha solicitado una condena menor --que bajaría de 24 a 20 años-- para el grupo de nigerianos "que, el día de los hechos, llegaron hasta el Palacio Presidencial utilizando lanchas, y atacaron el Palacio", según indicó el Ministerio de Información del Gobierno sin utilizar en ningún momento las expresiones habituales en estos casos, como "presuntamente" o "según la acusación". Los nigerianos han asegurado durante los interrogatorios que sólo son perscadores que, a causa de un temporal, se habían perdido y habían ido a parar a las inmediaciones de Malabo, donde fueron detenidos.
Según fuentes del interior presentes en el juicio, citadas por ASODEGUE, la defensa de los nigerianos había presentado al inicio de la vista un recurso de casación por nulidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Policía y, conocidas las peticiones hechas por el fiscal, se ha ratificado en esa posición. Las citadas fuentes aseguran que el testimonio ante el tribunal del militar que supuestamente había reconocido a los detenidos, que se produjo este pasado sábado, fue un "cúmulo de contradicciones" en el que, en definitiva, no identificó "a nadie".
Una de las pruebas presentadas por el fiscal el pasado sábado, un subfusil, ha quedado inutilizada "porque el Ministerio de Defensa no ha aportada prueba balística alguna que explique si fue utilizada en el asalto", indicaron las fuentes presentes en el juicio. Asimismo, la fiscalía presentó otra "prueba secreta" en la sesión del sábado, concretamente una supuesta conversación telefónica entre Ondó y miembros de su partido de la que, según las mismas fuentes, "es imposible deducir que tengan nada que ver con acciones armadas de ningún tipo". La conversación telefónica fue incorporada a última hora y no había sido puestas a disposición de la defensa antes de la vista del sábado.
En mayo de 2009, tanto el juez de instrucción como los fiscales devolvieron el atestado enviado en su día por la Policía por considerar que estaba lleno de "imprecisiones" y que no había pruebas suficientes para acusar a los detenidos por el 17 de febrero. En respuesta a ello, el ministro de Seguridad Nacional, Nicolás Obama Nchama, acusó a jueces y fiscales de actuar "en connivencia con la defensa", una reacción que, a juicio de Fabián Nsue, tenía como objetivo meter "miedo" a los magistrados para conseguir que sus clientes fuesen inculpados.
