HRW advierte de que "ningún Gobierno" debería autorizar la transferencia de gases lacrimógenos a Bahréin

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Human Rights Watch (HRW) ha advertido este martes de que "ningún Gobierno" debería autorizar la transferencia de gases lacrimógenos a Bahréin en tanto las autoridades de este país no se ajusten a las normas internacionales sobre Derechos Humanos y no demuestren que no se va a utilizar este material para "amenazar vidas humanas".

La organización ha hecho esta advertencia en relación con la supuesta intención del Ministerio del Interior de Bahréin de adquirir 1,6 millones de botes de gases lacrimógenos y 90.000 granadas de gases lacrimógenos, según revela un documento gubernamental difundido la semana pasada por la organización Bahrain Watch a través de su perfil oficial en la red social Twitter.

Según HRW, las fuerzas de seguridad bahreiníes "han hecho un uso reiterado y desproporcionado, y en ocasiones ilegal, de los gases lacrimógenos para disolver las protestas antigubernamentales desde 2011", lo cual ha causado "más de una decena de muertos y heridos graves".

De momento se desconoce si algún suministrador ha llegado a un acuerdo para el envío de gases lacrimógenos o si algún Gobierno ha emitido la licencia para la exportación de estos productos.

No obstante, y a falta de esta información, "ningún Gobierno debe autorizar la transferencia de gases lacrimógenos a Bahréin en tanto las autoridades no demuesten que no lo van a utilizar para amenazar las vidas de la población", ha advertido el subdirector para Oriente Próximo de Human Rights Watch, Joe Stork.

"Bahréin debe demostrar su intención de respetar las normas internacionales sobre el uso de gases lacrimógenos antes de que ningún Gobierno despeje el camino para el envío de gases lacrimógenos a su Gobierno", ha añadido.

Bahrain Watch ha destacado que, en caso de hacerse efectiva la compra, "habrá más botes de gases lacrimógenos en el país que personas", cuya población es de 1,3 millones de personas, según el informe de 2012 del Banco Mundial.

Desde el inicio de las manifestaciones prodemocráticas en el país en marzo de 2011, al menos 39 personas han fallecido a causa de la inhalación de gases lacrimógenos o por heridas relacionadas con el impacto directo de los botes tras ser disparados, según el balance ofrecido por Médicos por los Derechos Humanos.

Bahrain Watch ha asegurado que este material antidisturbios está siendo utilizado igualmente "como un método de castigo colectivo contra localidades completas debido al uso indiscriminado e innecesario del mismo contra zonas residenciales".

CONTEXTO POLÍTICO

El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas en el territorio. En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.

En enero, el monarca hizo una propuesta de diálogo a la oposición, que respondió que la misma "es vaga y está cubierta de niebla", al tiempo que destacó que "no refleja un acercamiento real y serio para responder a las demandas de la población". La siguiente reunión se celebrará el 28 de agosto.

El anterior proceso de diálogo para intentar poner fin a la crisis política en Bahréin concluyó en julio de 2012 sin alcanzar ningún acuerdo por la retirada del principal grupo de la oposición, Al Wefaq, que denunció que estaba infrarrepresentado en la mesa de diálogo.