HRW denuncia que las fuerzas gubernamentales cometieron "crímenes de guerra" en Idlib

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La organización Human Rights Watch (HRW) ha acusado este miércoles a las fuerzas del Gobierno sirio de haber cometido "crímenes de guerra" en la provincia de Idlib (norte) poco antes del alto el fuego, cuando mataron al menos a 95 civiles e incendiaron o destruyeron cientos de casas durante una ofensiva que duró dos semanas.

HRW ha precisado en un informe que estos ataques se produjeron a finales de marzo y principios de abril, mientras el enviado especial de la ONU y la Liga Árabe para Siria, Kofi Annan, estaba negociando el cese de los combates con el Gobierno del presidente Bashar al Assad.

El informe documenta docenas de casos de "ejecuciones extrajudiciales, asesinatos de civiles y destrucción de propiedades civiles que constituyen crímenes de guerra, así como detenciones arbitrarias y torturas", y se basa en la investigación realizada por HRW a finales de abril en los municipios de Taftanaz, Saraqeb, Sarmeen, Kelly y Hazano, de la provincia de Idlib.

La subdirectora de programas y emergencias de la organización, Anna Neistat, ha afirmado que "mientras los diplomáticos discutían los detalles del plan de paz de Annan, los tanques y los helicópteros sirios atacaban un municipio tras otro en Idlib".

"En todos los lugares que visitamos, vimos casas, comercios y automóviles calcinados y destruidos, y escuchamos relatos de personas cuyos familiares fueron asesinados. Parecía que las fuerzas del Gobierno sirio habían aprovechado hasta el último minuto antes del alto el fuego para causar daño", ha añadido.

Según HRW, las fuerzas gubernamentales realizaron operaciones militares a gran escala contra bastiones de la oposición en Idlib entre el 22 de marzo y el 6 de abril que causaron la muerte de al menos 95 civiles. En esos ataques, ha añadido, emplearon "numerosos" tanques y helicópteros y después ocuparon los municipios y permanecieron en ellos entre uno y tres días.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

El informe señala que las fuerzas de Al Assad ejecutaron a 35 civiles que estaban bajo su custodia y que la mayoría de esas ejecuciones se llevaron a cabo el 3 y 4 de abril durante el ataque contra Taftanaz. Investigadores de HRW visitaron, junto a un superviviente, una casa en ese municipio donde las fuerzas de seguridad habían matado a 19 personas de una misma familia.

Allí, los investigadores de la ONG pudieron observar los impactos de bala en la pared, que formaban una fila a unos 50-60 centímetros del suelo. Dos de los ejecutados eran menores de 18 años. En otros casos documentados, las fuerzas gubernamentales abrieron fuego contra civiles que intentaban huir de los ataques y terminaron muertos o heridos.

NO DISTINGUIERON ENTRE CIVILES Y COMBATIENTES

La conclusión a la que ha llegado HRW es que las fuerzas del régimen "no distinguieron entre civiles y combatientes y no tomaron las medidas preventivas necesarias para proteger a la población civil", además de "no advertir a la población civil de los ataques".

Al entrar en las localidades, las fuerzas gubernamentales y las 'shabeeha' (milicias progubernamentales) también incendiaron y destruyeron un gran número de casas, comercios, automóviles, tractores y otras propiedades. Los activistas locales han informado de que cientos de casas y comercios fueron incendiados o destruidos parcial o completamente, y HRW pudo comprobar los destrozos.

En la mayoría de los casos, el incendio y la destrucción parecían ser producto de actos deliberados, según la organización, ya que la mayoría de las viviendas quemadas no mostraban daños externos y muchas de las casas en ruinas estaban totalmente destruidas, en contraste con las que, aparentemente, habían recibido el impacto proyectiles de tanques, que tenían daños parciales.

Además, el informe indica que las fuerzas de seguridad detuvieron "arbitrariamente" a docenas de personas, a las que retuvieron "sin ninguna justificación legal", y que dos tercios de los arrestados siguen recluidos. "En la mayoría de los casos, se sigue sin conocer el destino y el paradero de los detenidos, lo que genera el temor de que hayan sido víctimas de desapariciones forzadas", agrega.

Algunos de los que han sido puestos en libertad, muchos de ellos ancianos o discapacitados, contaron a la ONG que, durante su detención en dependencias de los 'mujabarat' (servicios de inteligencia) en la provincia de Idlib, sufrieron torturas y malos tratos.

CONFLICTO ARMADO

Según la población local, en la mayoría de los casos, los combatientes de la oposición se retiraron rápidamente cuando se dieron cuenta de que el Ejército los superaba con creces en número y no tenían medios para resistir frente a los tanques y la artillería. En otros municipios se fueron sin ofrecer ninguna resistencia, según los residentes, para evitar poner en peligro a la población civil.

Teniendo en cuenta "la intensidad de los combates y el nivel de organización de ambos bandos, entre ellos la oposición armada que ordenó y ejecutó las retiradas", HRW considera que los combates en Idlib alcanzaron aparentemente el nivel de un conflicto armado de acuerdo con el Derecho Internacional.

"Esto significaría que se puede aplicar el Derecho Internacional Humanitario (la ley de los conflictos armados), además de la legislación de Derechos Humanos", ha destacado la organización, que ha recordado que "las violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario se consideran crímenes de guerra".

Por otro lado, HRW ha subrayado que se deben investigar las "graves violaciones cometidas por los combatientes de la oposición en Siria", documentados en informes anteriores, y se debe llevar ante la justicia a los responsables.

La organización ha pedido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se asegure de que la misión de supervisión de la ONU enviada a Siria cuente con "una sección de Derechos Humanos dotada de personal y equipo adecuados, que pueda entrevistar de manera segura e independiente a las víctimas de abusos" y "los proteja de represalias".

También ha instado al Consejo a garantizar la rendición de cuentas por estos crímenes remitiendo la situación de Siria a la consideración del Tribunal Penal Internacional. "Naciones Unidas, a través de la Comisión de Investigación y el Consejo de Seguridad, debe asegurarse de que los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad sirias no queden sin castigo", ha recalcado Neistat, que ha advertido de que "los esfuerzos puestos en el plan de paz se verían gravemente socavados si se siguen produciendo abusos a espaldas de los observadores".