HRW denuncia violencia, fraude y supresión de voto en las elecciones de RDC

Recuento de votos en RDC
REUTERS / BAZ RATNER
Publicado 05/01/2019 8:57:51CET

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La organización pro Derechos Humanos Human Rights Watch ha constatado que las elecciones de la semana pasada en República Democrática del Congo se vieron "ensombrecidas por irregularidades generalizadas, prácticas de supresión de voto y violencia".

En un informe publicado este sábado, la organización asegura que más de un millón de congoleños se quedaron sin votar en tres zonas controladas por la oposición, y por el cierre "en el último minuto" de más un millar de máquinas de votación.

"Los discapacitados, los ancianos y los iletrados se han encontrado con dificultades particulares, mientras que a los observadores electorales se les ha negado el acceso a numerosos colegios electorales y centros de recuento", según la ONG.

Asimismo, la organización advierte de que "cualquier resultado oficial que pueda provocar sospecha de haber sido falsificado podría generar protestas en masa y la consiguiente represión violenta por parte de las autoridades".

"Los votantes congoleños han demostrado que estaban dispuestos a participar en un proceso democrático a pesar de los enormes obstáculos que se les presentaban", según la directora adjunta de HRW para África, Ida Sawyer.

"Las autoridades deben permitir que los medios independientes operen con libertad y garanticen que el recuento se lleva a cabo con transparencia", ha declarado.

Los resultados preliminares se anunciarán este domingo pero la Comisión Electoral Nacional Independiente ya ha avanzado la posibilidad de que podrían acabar saltándose ese paso y anunciar directamente los oficiales el 15 de este mes.

HRW denuncia además que el Gobierno congoleño, "en un intento de minimizar el escrutinio internacional, ha rechazado cualquier tipo de ayuda para organizar las elecciones", y expulsado al embajador de la UE, Bart Ouvry, en represalia por la reanudación de las sanciones contra 14 altos cargos de un Gobierno que, "durante los últimos cuatro años ha reprimido sistemáticamente a la oposición política y a los activistas por los Derechos Humanos".

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