MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch ha instado este lunes al Gobierno interino de Egipto, en el poder tras el derrocamiento el pasado 3 de julio del entonces presidente, Mohamed Mursi, a acabar con los actos arbitrarios contra los Hermanos Musulmanes y contra los medios de comunicación.
Desde que el jefe del Ejército, Abdelfatá al Sisi, anunció el derrocamiento de Mursi las autoridades han detenido a varios líderes de la hermandad islamista únicamente por su pertenencia al grupo, han cerrado varias sedes de los Hermanos Musulmanes y han clausurado su cadena de televisión, así como otras cadenas afines a la organización, denuncia HRW.
El Ejército no ha confirmado el paradero del expresidente, al que mantiene incomunicado desde su derrocamiento junto a varios de sus asesores, ni le han acusado formalmente y tampoco le han presentado ante un tribunal. Según HRW, el Ejército debería liberar al exmandatario egipcio así como a sus asesores a menos que los fiscales posean pruebas de que han cometido algún crimen tipificado en la ley egipcia.
"Tanto el general Al Sisi como el presidente interino, Adli Mansur, prometieron que el proceso de transición política sería inclusivo, pero estas violaciones de los derechos políticos básicos significan que los Hermanos Musulmanes y otros grupos serán excluidos de la vida política", ha declarado el subdirector para Oriente Próximo y el Norte de África de HRW, Joe Stork. "Sin un respeto estricto del Estado de Derecho y de los derechos básicos desde el principio, no habrá libertad política", ha añadido.
Por el momento han sido detenidos al menos seis miembros del Partido Justicia y Libertad, el brazo político de los Hermanos Musulmanes, y los fiscales han ordenado su detención bajo cargos de incitación a la violencia y de insultar al poder judicial. Además, la Fiscalía ha emitido órdenes de arresto contra cientos de miembros del grupo.
La ONG ha afirmado que las autoridades egipcias deben anunciar de forma inmediata que tanto ellas como los funcionarios estatales, fuerzas de seguridad incluidas, respetarán la legislación existente así como los derechos básicos de todos los ciudadanos del país.
Momentos después de que Al Sisi anunciara el derrocamiento de Mursi, varias agencias de seguridad interrumpieron las emisiones de cinco cadenas de televisión y detuvieron a los periodistas que allí trabajaban. Los periodistas fueron liberados dos días después del cierre, pero las cadenas permanecen clausuradas a día de hoy.
La Fiscalía ha revelado a varios medios de comunicación egipcios que están investigando a miembros de los Hermanos Musulmanes por su papel en la muerte de varios manifestantes contrarios a Mursi durante los enfrentamientos que tuvieron lugar el 30 de junio en la sede que el grupo islamista tiene en el barrio de Moqattam, en El Cairo, así como por su papel en los enfrentamientos que se produjeron cerca de la Universidad de El Cairo el pasado 2 de julio.
Del mismo modo, HRW ha señalado que Egipto necesita urgentemente obtener justicia por los crímenes cometidos en el pasado pero que las investigaciones deberán ser independientes, sin ninguna interferencia política. Cualquier persona que haya cometido algún crimen, ya sea agente de la Policía, militar, o miembro de la Hermandad, deberá ser juzgada.
"Tras un año de lucha prolongada entre el poder judicial y los Hermanos Musulmanes, la última cosa que necesita Egipto es la aparición de detenciones y de persecuciones arbitrarias", ha expresado Stork. "La Fiscalía debería ser el doble de cuidadosa para evitar esa percepción, y ser transparente sobre las pruebas que poseen para emitir órdenes de arresto y velar por que se respeten los derechos durante el proceso", ha concluido.