MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -
La ONG Human Rights Watch (HRW) y el Instituto de Derechos y Democracia de Bahréin (BIRD) han solicitado este lunes a las autoridades de Bahréin que revoquen la pena capital que pesa sobre dos personas acusadas de haber asesinado a un agente de Policía, puesto que sus confesiones se llevaron a cabo bajo torturas, tal y como corroboró un informe médico.
Es la segunda vez que el Tribunal de Casación, tribunal de último recurso del país del golfo Pérsico, examinará el caso de Ali Moosa y Mohamed Ramadan, quienes fueron condenados a la pena capital en noviembre de 2015, aunque la condena les fue revocada en octubre de 2018 después de que un informe médico confirmara que habían sido torturados.
Pese a ello, el Tribunal Superior de Apelaciones restableció las condenas a muerte el 8 de enero de 2020.
"Moosa y Ramadán han sido condenados a muerte en dos ocasiones a pesar de la evidencia convincente de que sus condenas se basaron en confesiones obtenidas bajo tortura", ha denunciado el subdirector de HRW para Oriente Próximo, Joe Stork.
Las autoridades de Bahréin detuvieron a Moosay y a Ramadán en febrero de 2014 acusados de haber asesinado a un policía y de otros cargos de terrorismo, ha relatado HRW. Ambos, según ha denunciado la ONG fueron torturados y agredidos sexualmente por oficiales de la Dirección Central de Investigaciones (CID).
"Me patearon los órganos reproductivos y me golpearon repetidamente en el mismo lugar hasta que no pude hablar por el dolor", ha relatado a BIRD Moosa, quien ha contado también cómo fue obligado a inculpar a Ramadan.
Por su parte, Ramadan ha descrito a BIRD, "las condiciones vergonzosas" a las que fue sometido durante su interrogatorio, además de "la tortura, los golpes y los insultos" que sufrió, incluso, ha dicho, "cuando respondía a sus preguntas".
Pese al respaldo internacional de los acusados, HRW ha lamentado que el Defensor del Pueblo no ha hecho nada durante los últimos años por investigar estas acusaciones. De hecho, ha denunciado que cuando fue interpelado a través de la Embajada de Bahréin en Londres, las autoridades de la pequeña monarquía del golfo afirmaron "falsamente" que no habían recibido ningún tipo de información al respecto de estos hechos.
No obstante, tras las presiones internacionales, el Defensor del Pueblo de Bahréin decidió finalmente en agosto de 2016 llevar a cabo una "investigación completa e independiente sobre el tratamiento de Mohamad Ramadan y Hussein Moosa".
Dos años después, en marzo de 2018, la Unidad de Investigaciones Especiales de la Fiscalía emitió un informe con la recomendación de revisar las sentencias de Ramadan y Moosa, pues se había hallado un parte médico en el que se detallaba cómo Moosa mostraba "lesiones", las cuales "levantan la sospecha de que fue objeto de asalto y maltrato", coincidiendo "con los procedimientos de su arresto, detención e interrogatorio".
Las investigaciones defienden que existe la "sospecha" de que se produjo un delito de torturas llevado a cabo "con la intención de obligarlos a confesar que cometieron el delito del que fueron acusados".
No obstante, no se pudo establecer si las fuerzas de seguridad de Bahréin cometieron un delito de tortura contra los dos detenidos, pues entre otras, cosas, no se les permitió a los acusados reunirse con sus abogados ni durante los interrogatorios ni antes de la celebración del juicio.
Se espera que el Tribunal de Casación se pronuncie durante las próximas semanas, según ha puntualizado la ONG.
