Indonesia prepara la restitución de la comisión investigadora de la campaña de exterminio de Suharto

YAKARTA, 27 Dic. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Indonesia ha anunciado este viernes su intención de restituir la llamada Comisión para la Verdad y la Reconciliación, el organismo inicialmente creado para estudiar los crímenes históricos contra los Derechos Humanos ocurridos en el país, entre ellos el exterminio sistemático de al menos medio millón de personas ordenado por el fallecido dictador Suharto durante su etapa de ascenso al poder entre 1965 y 1967.

La comisión comenzó a funcionar en 2004 pero su trabajo acabó suspendido después de que el Tribunal Constitucional del país disputara la condición de que no todos los casos investigados por la comisión tendrían que acabar en juicio. Tras años de parálisis, el Gobierno indonesio prepara una nueva legislación que concederá al Parlamento la potestad de decidir qué casos investigados por la comisión serán merecedores de acabar ante un tribunal.

"En cualquier caso, el principio es el mismo: cualquier abuso contra los derechos humanos deberá ser juzgado", ha asegurado el nuevo ministro de Seguridad del país, Mahfud MD, quien ha confirmado además que la purga anticomunista de Suharto encabeza la lista de preferencias entre los investigadores, dentro de los 12 casos históricos que barajan.

Suharto inició esta purga anticomunista a finales de 1965 como represalia contra un golpe de estado fallido que el general aprovechó para eliminar al Partido Comunista de Indonesia, exterminar a todos sus simpatizantes, diezmar a las minorías étnicas, y provocar la caída de su predecesor, el presidente Sukarno, en el inicio de tres décadas de dictadura.

A los 500.000 fallecidos -- según las estimaciones más conservadoras -- hay que añadir al menos otro millón de encarcelados y torturados en lo que Naciones Unidas describió en su día como una de las matanzas más graves de la historia del siglo XX. De hecho, entre los otros casos que investigaría la reformada comisión se encuentran las masacres de estudiantes de 1998, durante las protestas que desencadenaron la caída del dictador.

"Lo importante es que la ley tiene que proporcionar una sensación de conclusión. No podemos arrastrar esto durante tanto tiempo", ha declarado Mahfud, antiguo alto magistrado y, desde octubre, miembro del Consejo de Ministros del presidente del país, Joko Widodo.

El coordinador de las asociaciones de víctimas de las matanzas del 65, Hadi Sutjipto, ha pedido a las autoridades que se den prisa porque "muchas de estas personas han muerto o están comenzando a morirse y no albergan deseos de venganza, pero sí que quieren recuperar sus nombres".

Una opinión no compartida por todas las víctimas. La funcionaria jubilada Maria Catarina Sumarish, cuyo hijo Wawan murió a tiros durante las protestas estudiantiles cuando auxiliaba a un compañero herido, exige una investigación exhaustiva sin opción a la reconciliación con los asesinos. "El Gobierno lleva mintiéndonos durante 21 años. No creo que los que mataron a mi hijo vayan a declarar que le pegaron un tiro", ha lamentado.