MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Irán ha expresado este lunes su preocupación por la decisión de un tribunal de Bahréin de confirmar la condena a nueve años de cárcel al líder del principal partido opositor del país.
"El tratamiento injusto, violento y represivo contra los líderes pacíficos y moderados de Bahréin no sólo no ayudará a solucionar los múltiples problemas del país, sino que probablemente llevará a la desilusión de los que creen en posturas pacíficas", ha dicho el portavoz del Ministerio de Exteriores, Bahram Qassemi.
Asimismo, ha resaltado que "sólo apoyarse en el poder popular y la reconciliación nacional" es garantía para la seguridad de países y gobiernos, según ha informado la cadena de televisión iraní Press TV.
Este lunes, el Tribunal de Apelaciones de Bahréin ha confirmado la pena contra el líder de Al Wefaq, Alí Salman, por incitar "delitos para cambiar el sistema político a la fuerza", según han informado medios locales.
Otro tribunal ordenó en junio la suspensión de Al Wefaq y culpó al principal clérigo chií de Bahréin, Isa Qassim, de blanqueo de dinero e incluso le retiró su ciudadanía.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que Salman "ha sido puesto entre rejas por reafirmar de manera pacífica la decisión de su partido de llegar al poder en Bahréin".
"En vez de castigarle por criticar a las autoridades bahreiníes, deben liberarlo inmediatamente", ha añadido la organización en un comunicado.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante los dos últimos años las protestas pro democráticas en el territorio.
En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.
La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Asimismo, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como AI, Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras (RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.
