MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades iraníes han ejecutado este jueves a un joven de 21 años que había sido condenado por delitos cometidos cuando tenía solo 15, según Amnistía Internacional, que ha acusado a la República Islámica de violar sus obligaciones más básicas.
Tajiki ha muerto ejecutado este jueves, después de ser detenido en mayo de 2012 y ser condenado casi un año más tarde. Un tribunal penal de la provincia de Fars, en el sur del país, le había declarado culpable de asesinato y de 'lavat-e be-onf', un término por el que se conocen las relaciones sexuales forzadas entre hombres.
"Pese a la enorme oposición pública e internacional, las autoridades iraníes han demostrado cruelmente su total desprecio por los derechos de la infancia", ha lamentado la directora adjunta de Amnistía para Oriente Próximo y el norte de África, Magdalena Mughrabi.
Para Mughrabi, "este vergonzoso acto marca un punto de inflexión crítico para Irán y pone de manifiesto la falsedad de las afirmaciones de las autoridades cuando aseguran contar con un auténtico sistema de justicia de menores", habida cuenta de que Tajiki es ya la cuarta persona ejecutada en Irán en 2017 que era menor de edad en el momento de la detención.
Amnistía también ha puesto en duda la veracidad de todo el proceso, ya que el acusado aseguró que las autoridades le habían torturado para "obligarlo a confesar", lo que se suma a un "espantoso patrón" de mala praxis judiciales que amenaza con continuar.
Mughrabi ha lamentado que Irán "ni siquiera tiene intención de aplicar tibias reformas para salvar la vida de las personas que fueron condenadas cuando eran niñas". Por ahora, los cambios se limitan a una reforma del Código Penal Islámico aprobada en 2013 y que deja a criterio de los jueces sustituir la pena de muerte por otro tipo de castigo si consideran que los acusados no tenían la suficiente "madurez mental" en el momento del crimen.
Amnistía Internacional ha denunciado que Irán es uno de los pocos países del mundo que siguen ejecutando a personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. La ONG tiene identificadas al menos a 89 presos condenadas a muerte que tenían menos de 18 años cuando perpetraron el delito del que se le acusa.
