El juicio contra Ríos Montt por genocidio no se reanudará hasta enero de 2015

CIUDAD DE GUATEMALA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El juicio contra el exdictador de Guatemala José Efraín Ríos Montt y el exjefe de Inteligencia Militar Mauricio Rodríguez Sánchez, acusados de genocidio y delitos de lesa humanidad, no se reanudará hasta el 5 de enero de 2015.

La decisión la tomó la presidenta del Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B, Jeannette Valdez. Según ha indicado a 'Prensa Libre' Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y que representa a las víctimas, "el tribunal nos ha notificado que por motivos de agenda durante el 2013 y 2014, donde ya se habían programado varios juicios, no se podrá reiniciar el debate, por lo que se programa para el año 2015".

El pasado 23 de octubre, el Tribunal Constitucional de Guatemala decidió conceder el amparo a Ríos Montt por considerar que se le debe aplicar el decreto que establece la concesión de una amnistía a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y los guerrilleros por delitos cometidos durante la última guerra civil.

POSIBLE AMNISTÍA

Dicha sentencia abriría la puerta a una eventual amnistía para el exdictador, ya que el Constitucional ordenó a la jueza del Tribunal de Mayor Riesgo A, Patricia Flores, que emita nueva resolución y fundamente por qué acepta o rechaza el incidente de excepción de la extinción de la persecución penal, presentado por la defensa del militar amparándose en el decreto emitido por el general Óscar Humberto Mejía Víctores en 1986.

En mayo de 2013, el Tribunal A de Mayor Riesgo condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión por genocidio y crímenes contra la Humanidad, pero el veredicto fue anulado por el Constitucional, por lo que el proceso retrocedió a la situación del 23 noviembre de 2011. El Tribunal de Mayor Riesgo A se inhibió porque ya había emitido opinión, por lo que el proceso se trasladó al Tribunal B.

Ríos Montt gobernó Guatemala del 23 de marzo de 1982 al 8 de agosto de 1983. Para el Ministerio Público los militares son responsables de planificar y ordenar la muerte de 1.771 indígenas, 1.400 violaciones sexuales y del desplazamiento forzoso de por lo menos 29.000 personas durante su mandato.