El juicio por los crímenes cometidos contra los kurdos debería ser una parte esencial del proceso de paz

ESTAMBUL 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El juicio por los miles de asesinatos y desapariciones forzadas cometidos contra la población kurda a manos de las fuerzas de seguridad de Turquía en la década de 1990 debería ser una parte esencial del proceso de paz abierto entre el Gobierno de Ankara y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), según ha apuntado este jueves Human Rights Watch (HRW).

"Juzgar los crímenes de la década de los noventa es un elemento clave de cara a la resolución de la cuestión kurda", ha declarado la investigadora de HRW para Turquía, Emma Sinclair-Webb. "Hay que poner fin a años de impunidad en las violaciones de Derechos Humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y otros organismos del Estado", ha agregado.

En esta misma línea, la organización ha lanzado esta mañana un vídeo que trata de recapitular los crímenes cometidos durante el conflicto a través del testimonio de algunos de los familiares de víctimas. El éxito de las negociaciones de paz que actualmente se están manteniendo en Turquía podría poner fin a un conflicto que se ha cobrado alrededor de 40.000 vidas desde 1984.

El vídeo narra la búsqueda de justicia que desde hace años mantienen los familiares de las víctimas de las ejecuciones y desapariciones llevadas a cabo por las autoridades turcas tanto en el sureste de Turquía como en algunas de las principales ciudades del país. Las imágenes también incluyen varias entrevistas con algunos familiares que, cansados de esperar una respuesta por parte de las autoridades judiciales del país, han decidido llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Finalmente, la grabación alerta de que, según el sistema judicial turco, los delitos penales prescriben en un periodo de 20 años, por lo que es preciso una acción inmediata por parte de las autoridades competentes para poder comenzar cuanto antes el proceso judicial contra los máximos responsables de los delitos.

Por su parte, HRW recuerda que, según el Derecho Internacional, el Gobierno turco está en la obligación de perseguir y juzgar los crímenes contra los Derechos Humanos.

OBSTÁCULOS JUDICIALES

En el año 2012, HRW ya reclamó al Gobierno de Turquía que pusiese fin a los obstáculos, en especial los plazos de prescripción y las intimidaciones a testigos, que impedían el procesamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad y de los funcionarios públicos responsables de los homicidios, las desapariciones y las torturas cometidas entre 1980 y principios de los años noventa.

A través de un informe presentado el pasado mes de septiembre, HRW analizó en concreto las dificultades que caracterizaron el procesamiento del coronel retirado Cemal Temizoz y de otras seis personas por la desaparición de 20 hombres y niños entre 1993 y 1995; el primer juicio contra altos miembros de la gendarmería por graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en el contexto de la ofensiva contra el PKK.

Sin embargo, tal y como afirma la organización, este proceso se caracterizó por la falta de investigaciones fiables sobre los homicidios y las desapariciones presuntamente cometidas por los imputados y por las intimidaciones a posibles testigos.

Por razones como ésta, HRW ha pedido en reiteradas ocasiones a los fiscales y a los tribunales de Turquía que ofrezcan mayor protección frente a las intimidaciones y los ataques a "los testigos vulnerables, los familiares de las víctimas y sus abogados".

EL PROCESO DE PAZ

En 2012, varios oficiales del servicio de Inteligencia turco comenzaron los contactos con el encarcelado fundador y líder del PKK, Abdulá Ocalan, para intentar acabar con un conflicto que ha terminado con la vida de más de 40.000 personas desde que el movimiento rebelde kurdo decidió alzarse en armas en 1984.

El mes pasado, Ocalan ordenó a los miembros del PKK que abandonaran Turquía en el marco de una nueva "era de paz" en la que no se emplearán las armas ni la violencia para defender la causa kurda. Desde entonces, el modo en que los terroristas abandonarán Turquía ha sido objeto de debate. El PKK afirma que se retirará si el Parlamento aprueba una ley para garantizar la seguridad de sus miembros mientras abandonan el país, sin embargo el Gobierno se ha mostrado reacio a sacar adelante una ley de este tipo.

Sin embargo, estas conversaciones de paz han provocado fuertes críticas desde sectores políticos nacionalistas turcos que han acusado al Gobierno de no actuar con contundencia contra el PKK, que está catalogado como grupo terrorista por Ankara, la Unión Europea y Estados Unidos.