MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Congreso Nacional de Libia ha aprobado este lunes la nueva legislación sobre manifestaciones públicas, que permitirá a las autoridades prohibir las protestas que puedan desembocar en "desórdenes públicos", así como encarcelar y multar a los organizadores.
La norma jurídica aprobada por la sede legislativa explica que su objetivo es regular las condiciones para el ejercicio de lo que considera un "derecho fundamental" con el fin de evitar "desórdenes públicos" en el curso de las protestas populares.
Así, establece que los organizadores deberán solicitar con al menos 48 horas de antelación la celebración de la manifestación, indicando la fecha, la duración, el recorrido y los nombres del líder y de al menos dos de los organizadores.
"Esta obligación se debe a la necesidad de mantener el orden público durante la manifestación y de prohibir que se pronuncien discursos que atenten contra la ley o la moral o hagan apología criminal", reza el texto legal.
En lo tocante al recorrido, se prohíbe expresamente cualquier manifestación que tengan por objetivo "ocupar instalaciones públicas", como, por ejemplo, las infraestructuras petroleras, que en los últimos tiempos se han convertido en escenario de protestas, ya que son el motor económico de Libia.
Además, la norma jurídica prohíbe que los asistentes lleven cualquier tipo de armamento durante la manifestación, ya que "sería peligroso para el público en general", según ha informado el diario 'The Libya Herald'.
En el caso de que no se cumplan todas estas condiciones, las autoridades libias pueden prohibir la manifestación y condenar a los convocantes a pasar seis meses en prisión y pagar una multa de 5.000 dinares (3.179 euros), pena que puede duplicarse si llevan armas.
El cuerpo legal también establece que las autoridades libias podrán prohibir la manifestación, "en el caso de que sea probable que desemboque en desórdenes públicos", aunque no detalla los supuestos.
Por su parte, las autoridades libias deberán notificar su decisión de prohibir la manifestación con al menos 12 horas de antelación. Entonces, los organizadores tendrán derecho a presentar una queja formal ante el Ministerio de Interior.
