MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El líder de los representantes republicanos, Kevin McCarthy, ha exigido la dimisión del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, y ha advertido de que en caso de no hacerlo iniciarán una investigación y su posible juicio político cuando retomen el poder de la Cámara en enero.
McCarthy, quien tiene por delante poco más de un mes para obtener los votos necesarios para presidir la Cámara durante la próxima legislatura, ha asegurado que Estados Unidos "quizás nunca se recupere del incumplimiento del deber" de Mayorkas y por ello pide su dimisión, cuenta CNN.
"Si el secretario Mayorkas no renuncia, los republicanos de la Cámara investigarán cada orden, cada acción y cada fallo y determinaremos si podemos iniciar una investigación para un juicio político", ha advertido McCarthy durante su visita este martes a un puesto fronterizo en la ciudad de El Paso, en Texas.
Las demandas de McCarthy han sido rechazadas, como cabría esperara, por el Departamento de Seguridad Nacional, que en un comunicado ha recalcado que Mayorkas "no tiene planes de renunciar" y por tanto seguirá promoviendo "la noble misión" de esta oficina gubernamental, al mismo tiempo que sirve a los estadounidenses.
Seguridad Nacional ha aprovechado el comunicado también para señalar que, si bien seguirán trabajando para hacer cumplir las leyes y asegurar la frontera, es necesario que el Congreso se reúna y debata soluciones para un "sistema roto" y una "legislación obsoleta que no han sido revisada en más de 40 años".
El cambio de tono de McCarthy, quien de primeras había evitado utilizar el juicio político como arma arrojadiza, se produce en un momento en el que está lidiando con el sector más a la derecha del Partido Republicano, con cinco representantes amenazando con no votarle en enero.
Coincidiendo con esta visita, este martes también una quincena de estados controlados por los republicanos han solicitado a la Justicia de Estados Unidos que mantenga vigente el llamado Título 42, promulgado durante la administración Trump para evitar las solicitudes de asilo, amparándose en la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus.
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