CIUDAD DE MÉXICO, 30 Nov. (EP/AP) -
El Tribunal Supremo mexicano ha dictaminado que no hay pruebas suficientes que demuestren que las autoridades del estado de Puebla, incluido el gobernador, Mario Marín, violaron las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, quien lleva años denunciando redes de pedofilia y prostitución en las más altas esferas del país.
Los magistrados determinaron, por seis votos contra cuatro, que no hubo ilegalidad por parte de Marín, a quien se le imputaba haber conspirado junto a otros 29 funcionarios para atentar contra las garantías de la periodista. "No se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa", explicó la magistrada Olga Sánchez.
No obstante, el Supremo reconoció que la reportera fue sometida a "tortura psicológica" durante su arresto en diciembre del 2005 en el balneario turístico de Cancún y su traslado vía terrestre a Puebla, a unos 105 kilómetros al sureste de Ciudad de México, pero señaló que se trató de una afección menor, remediable con otros recursos jurídicos.
Para Cacho, el fallo representa "un mensaje de la Suprema Corte de que en 70 años de existencia siempre se decide para y por los políticos, para y por el poder público y en detrimento de la sociedad". En este sentido, acusó a los magistrados de proteger a Marín "a costa de lo que sea", y señaló en declaraciones a la agencia AP que "esto indudablemente afecta la imagen de la Corte".
Marín, por su parte, celebró la decisión. "Reitero mi plena confianza y respeto a las determinaciones de nuestro máximo tribunal. Como abogado, como gobernador del Estado y como ciudadano, reconozco en la Suprema Corte... a un tribunal colegiado, garante del control constitucional y promotor de la vigencia del Estado de Derecho", expresó en un comunicado de prensa.
Otros implicados como el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido, y la procuradora Blanca Laura Villeda Martínez prefirieron guardar silencio.
ACUSADA DE DIFAMACIÓN
Cacho, quien recientemente fue premiada por la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios de Comunicación, fue detenida en 2005 y casi de inmediato tuvo que enfrentarse a acusaciones por difamación, en un proceso que desde entonces fue considerado irregular por algunos activistas y legisladores y que atrajo la atención internacional.
La periodista había publicado ese mismo año el libro 'Los demonios del edén' sobre presuntos nexos de políticos y empresarios con un red de pedofilia, prostitución y pornografía infantil. Después fue acusada de difamación por Kamel Nacif, un empresario textil de Puebla de origen libanés mencionado en el texto. Esa denuncia llevó a su detención.
En febrero de 2006, sin embargo, el caso se convirtió en un escándalo al difundirse cintas de audio en las que aparentemente conversaban el gobernador de Puebla y Nacif sobre cómo encarcelar a la periodista.
Cacho --quien fue absuelta a principios de 2007 del delito de difamación-- acusó a Marín y a otros altos funcionarios estatales de abuso de poder, intento de violación, tráfico de influencias y de violar sus Derechos Humanos.
La Procuraduría General de la República aún investiga el caso por separado, pero la periodista aseguró que ya no le interesa que se continúe por entender que "perdería mi tiempo".
Los magistrados del Tribunal Supremo discutieron el caso durante tres días basándose en una investigación realizada por uno de ellos, el juez Juan Silva Meza, a petición del Senado, que concluyó que sí existió un concierto de autoridades para violar de manera grave las garantías individuales de Cacho y se tenía que señalar a las autoridades involucradas.
El juez Guillermo Ortiz Mayagoitia aseguró explicó que los datos reflejan "actos indebidos en la detención y traslado" de Cacho, que sin embargo "no adquieren el calificativo de graves". A pesar del fallo adverso, Chacho enfatizó que continuará "escribiendo, investigando".
