MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha acusado este viernes a las fuerzas de República Democrática del Congo (RDC) y Angola de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos por las deportaciones masivas de congoleños desde territorio angoleño, que han dejado a 330.000 retornados en una situación "extremadamente precaria".
Desde principios de octubre, unas 330.000 personas han cruzado la frontera hacia los Kasai y Kwango, conforme a la orden del Gobierno de Angola de expulsar a los inmigrantes ilegales que trabajen en las lucrativas minas de diamantes, la mayoría de los cuales proceden de República Democrática del Congo.
En la ciudad fronteriza de Kamako, en Kasai, la Oficina del Alto Comisionado ha recibido información que indica que las fuerzas de seguridad han usado una "fuerza excesiva" en sus operativos de deportación. Al menos seis personas han muerto y otras cien han resultado heridas, según la información verificada por la ONU.
Bachelet ha recordado que las normas internacionales, incluida la Carta Africana, "prohíben las expulsiones masivas de no nacionales sin una evaluación individual en un debido proceso con garantías". "Al expulsar a esta cantidad de gente en tan poco tiempo, Angola ha puesto a miles de familias en un grave riesgo", ha dicho.
La ex presidenta chilena ha hecho un llamamiento al Gobierno angoleño para que cese las actuales deportaciones hasta que se pueda garantizar que los retornos se producen con pleno respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos, al tiempo que ha exigido que los responsables de dichos abusos "rindan cuentas".
Los retornados también han denunciado que ya en Kamako han seguido sufriendo abusos. Así, aseguran que han sido víctimas de extorsión y detenciones arbitrarias. La mayoría duermen en las calles sin acceso a agua, comida, higiene o asistencia sanitaria. Los más afortunados han sido acogidos en casas, apunta la Oficina de Bachelet.
A este respecto, Bachelet ha instado a las autoridades congoleñas a asegurarse de que los retornados están protegidos frente a los abusos de los uniformados y otros actores armados, "especialmente dada la falta de rendición de cuentas por las graves violaciones de los Derechos Humanos ocurridas en los Kasai entre 2016 y 2017".
RIESGO DE NUEVA OLA DE VIOLENCIA EN KASAI
La Alta Comisionada ha llamado la atención sobre el peligro de que se produzca una nueva ola de violencia interétnica en los Kasai. "Hay informaciones de que individuos de la etnia tshokwe se han unido a las fuerzas de seguridad angoleñas para llevar a cabo las expulsiones", ha señalado.
Así, ha urgido al Gobierno de RDC a "garantizar que los miembros de las fuerzas de seguridad que puedan ser responsables de estas violaciones, tanto las pasadas como las presentes, contra civiles, independientemente de su filiación étnica, sean investigados para asegurar la Justicia a las víctimas".
"De no hacerlo", ha alertado la política suramericana, "temo que se pueda repetir el ciclo de terrible violencia que estalló en los Kasai en 2016".
