MADRID, 3 (EUROPA PRESS)
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Raad Al Husein, ha acusado sin paliativos al Ejército de Birmania de cometer una serie de espantosas atrocidades contra la población de la minoría musulmana rohingya, desde violaciones en masa hasta la ejecución de bebés, en el marco de la persecución que el Gobierno birmano ha acelerado el pasado mes de octubre y que podría tratarse sencillamente de un "crimen contra la Humanidad".
Según los informes de testigos que baraja Al Husein, el Ejército birmano es responsable del "asesinato de bebés, niños, mujeres y ancianos, tiroteos indiscriminados contra civiles a la huida, quemar pueblos enteros, detenciones masivas, violaciones y abusos sexuales sistemáticos y en masa, así como la destrucción deliberada de fuentes de alimentos".
Naciones Unidas ha recabado las declaraciones de más de 200 personas que han conseguido escapar del asedio del Ejército de Birmania. La inmensa mayoría de los entrevistados han sido testigos de algún acto de brutalidad. Más de la mitad de las 101 mujeres consultadas ha declarado haber sido objeto de abusos o violaciones y, en general, todos describen actos de una violencia inusitada.
Una testigo ha llegado a declarar que su hijo de ocho meses fue degollado y otra que su hija de cinco años fue asesinada cuando intentaba impedir que violaran a su madre. Al Husein ha descrito, en su informe presentado este viernes en Ginebra, escenas de "crueldad devastadora e insoportable" en las llamadas "zonas para operaciones de desalojo rohingya", donde probablemente el Ejército ha asesinado a cientos de personas.
"¿Qué clase de odio es capaz de hacer que un hombre apuñale a un bebé que está llorando por la leche de su madre, que a su vez está viendo como le matan mientras la violan las mismas fuerzas de seguridad que se supone que la tienen que proteger?", se ha preguntado Al Husein, consternado por la "gravedad y la escala" de las declaraciones de los testigos.
Naciones Unidas apunta que las conclusiones del informe arrojan, "con casi toda probabilidad", que el Ejército birmano ha cometido crímenes contra la Humanidad desde el inicio de la última fase de la campaña de exterminio contra los rohingya, documentada por ONG y países vecinos como Bangladesh o Malasia, que alcanzó su punto culminante a finales de 2016 y prosigue, aunque a menor escala e intensidad, durante estas primeras semanas de 2017.
El Gobierno birmano ha negado que exista una campaña de exterminio y asegura que la misión del Ejército es la de eliminar a ciertos elementos terroristas entre las filas rohingya. Las pruebas recabadas por la ONU y múltiples organizaciones rebaten esta versión y condenan el silencio que mantiene a este respecto la premio Nobel de la Paz y líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi.
UNA HISTORIA DE PERSECUCIONES
"La violencia perpetrada desde el pasado 9 de octubre contra los rohingya continúa un patrón histórico de violencia y abuso sistemáticos", asevera la ONU, "acompañados de una política de exclusión y marginación" en Rajine, el estado donde vivía esta minoría.
Más de 40 años de persecución, según el departamento de la Comisaría de Repatriación de Refugiados Rohingya (CRRR), divididos en una serie de "oleadas" de exilios y huídas que se han manifestado de manera irregular hasta nuestros días.
En 1978, cerca de 250.000 rohingya entraron en Bangladesh huyendo de la 'Operación Dragón' llevada a cabo por el Gobierno birmano, una operación cuyo objetivo era evaluar la situación de los habitantes en zonas fronterizas y tomar medidas contra los extranjeros que habían entrado de forma ilegal en el país. Esta operación acabó con la expulsión y detención masiva de rohingya, a los que no se consideraban ciudadanos.
Entre 1991 y 1992 la ola fue similar: otros 250.000 musulmanes entraron a Bangladesh a través de las fronteras de Cox's Bazar y Bandarban, donde el Gobierno levantó 21 campamentos temporales para ellos.
Además de los 32.000 musulmanes rohingya que viven en dos campamentos de refugiados del distrito de Cox's Bazar, ubicado en la división Chittagong, en el sureste de Bangladesh, existen unos 300.000 más que viven de forma ilegal en este distrito.
Según las estadísticas extraídas de la primera ronda de censo del Gobierno --llevado a cabo del 1 al 23 de febrero de 2016 para identificar a las familias rohingya que viven en esta zona-- y recogidas por el diario bangladeshí 'Daily Star', estos 300.000 pertenecen a unas 37.000 familias, de las cuales 20.000 están formadas por miembros exclusivamente rohingya y otras 17.000, por miembros rohingya casados con nacionales.
