Archivo - Un miembro de las fuerzas de seguridad afganas apostado cerca del escenario de una explosión en Kabul - SAIFURAHMAN SAFI / XINHUA NEWS / CONTACTOPHOTO
MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -
Naciones Unidas ha cifrado este martes en más de mil los civiles muertos en Afganistán desde que los talibán se hicieron con el poder en agosto de 2021, con tres cuartas partes de las víctimas causadas por el uso "indiscriminado" de artefactos explosivos en zonas pobladas, incluidos lugares de culto, escuelas y mercados.
La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA)ha indicado en su informe que "pese a una reducción significativa de las víctimas civiles" desde la toma del poder por parte de los talibán, se han registrado "niveles significativos de daños civiles por ataques deliberados" con estos explosivos.
Así, ha especificado que entre el 15 de agosto de 2021 y el 30 de mayo de 2023 ha podido confirmar 1.095 civiles muertos --incluidos 287 niños-- y 2.679 heridos --entre ellos 579 menores--, incluidos 701 fallecidos y 2.113 heridos en ataques con artefactos explosivos de fabricación artesanal.
La UNAMA ha especificado que los ataques con artefactos explosivos han dejado 2.814 víctimas civiles, muy por encima de las 639 víctimas registradas por el estallido de restos explosivos y 148 víctimas en asesinatos selectivos. Asimismo, ha habido 76 muertos en enfrentamientos armados y 74 a causa de ataques aéreos.
"La mayoría de las víctimas civiles (1.701) han a causa de ataques con artefactos explosivos se debieron a ataques perpetrados por el autodenominado Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP)", ha manifestado, si bien ha hecho hincapié en que "un número significativo de víctimas (.1095) fueron causadas por ataques con explosivos cuya autoría no fue reclamada o cuya autoría no pudo ser atribuida por la UNAMA".
En esta línea, ha reseñado que se ha registrado "un aumento de la letalidad" de los ataques suicidas perpetrados en Afganistán desde el 15 de agosto de 2021, periodo en el que "un menor número de ataques ha causado un mayor número de víctimas civiles".
La UNAMA ha detallado que en 2018 se registraron 50 atentados suicidas que dejaron 2.473 víctimas civiles, cifras que en 2019 fueron de 1.464 víctimas en 31 ataques; en 2020 fueron de 557 víctimas en 16 ataques; entre el 1 de enero y el 14 de agosto de 2021 fue de 102 víctimas en ocho ataques; entre el 15 de agosto y el 31 de diciembre de 2021 fue de 753 víctimas en tres ataques; y en 2022 hubo 600 víctimas en ocho ataques.
Así, los ataques con explosivos contra lugares de culto dejaron 1.218 víctimas --368 muertos y 850 heridos--, lo que supuso más de un tercio del total de víctimas civiles registradas durante este periodo, un "aumento significativo" del número de víctimas civiles a causa de este tipo de sucesos.
En este caso, los ataques contra lugares de culto chiíes --especialmente contra integrantes de la comunidad hazara-- supusieron "más de la mitad de las víctimas civiles", si bien "también se vieron afectados lugares de culto sufíes, suníes y sij".
Por otra parte, la UNAMA ha indicado que ha registrado casos en los que las autoridades impidieron a los periodistas acceder a los lugares de los atentados, "incluidos casos de uso excesivo o inapropiado de la fuerza, amenazas y arrestos y detenciones arbitrarias".
"Los ataques contra civiles y objetos civiles están prohibidos bajo el Derecho Internacional. Estos ataques deben terminar y se deben hacer los máximos esfuerzos para evitar que tengan lugar", ha dicho, antes de recordar que los talibán "son los principales responsables a la hora de respetar y garantizar los derechos de todos los individuos en el territorio de su jurisdicción".
"Es esencial que las autoridades 'de facto' cumplan su obligación de proteger el derecho a la vida llevando a cabo investigaciones independientes, imparciales, rápidas, exhaustivas, efectivas y transparentes en torno a los ataques con explosivos que afectan a civiles y que apliquen medidas de protección para evitar la repetición de ataques similares en el futuro, teniendo en cuenta los riesgos específicos a los que hacen frente los lugares de culto e instalaciones educativas en las comunidades chiíes hazara", ha zanjado.