BRASILIA, 17 Sep. (Reuters/EP) -
La oposición ha presentado este jueves en el Congreso su solicitud para que se celebre un 'impeachment' (juicio político) contra la presidenta, Dilma Rousseff, por falsear las cuentas públicas para favorecer su reelección.
La propuesta está respaldada por los partidos políticos opositores, pero también por algunos diputados disidentes del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que forma parte de la base aliada del Gobierno en la sede legislativa.
Helio Bicudo, un ex miembro del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ha sido el encargado de entregar el documento redactado por el prestigioso jurista Miguel Reale, asesor legal del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
Aunque se trata del intento más serio de derrocar a Rousseff, está lejos de ser realidad, ya que la oposición solo cuenta con 280 escaños y necesita al menos 342 --dos tercios del Congreso-- para sacar adelante el juicio político.
La última palabra, en todo caso, la tiene el presidente del Congreso, Eduardo Cunha, un enemigo político de Rousseff que, sin embargo, recientemente ha propiciado un acercamiento entre Parlamento y Gobierno acuciado también por las acusaciones de corrupción en su contra.
En el fondo de la petición de 'impeachment' está el maquillaje gubernamental de las cuentas públicas para permitir un mayor gasto de cara a las elecciones presidenciales del año pasado, una violación de la ley de responsabilidad fiscal, según ha determinado la justicia.
La corriente de opinión pública favorable al 'impeachment' se basa también en la red de sobornos en Petrobras para la concesión de contratos con la empresa estatal, al considerar que Rousseff --en la cúpula directiva cuando ocurrieron los hechos-- omitió su deber 'in vigilando'.
Independientemente de las posibilidades de éxito del juicio político, lo cierto es que Rousseff pasa por su peor momento desde que llegó al poder. Dos de cada tres brasileños están a favor del 'impeachment' y la recesión económica ha obligado al Gobierno a aplicar un duro plan de ajuste contrario a sus principios sociales.
