JERUSALÉN, 7 Jun. (Del enviado especial de Europa Press Borja Aranda) -
La oposición israelí ha decidido adoptar tras las últimas elecciones legislativas una política agresiva ante la debilidad del Gobierno de coalición, que cuenta con 61 de los 120 escaños de la Knesset, prometiendo llevar a votación diversas propuestas con el objetivo de intentar tumbar el Ejecutivo que encabeza Benjamin Netanyahu.
El escaso margen obtenido por la unión del partido del primer ministro, el Likud, y las formaciones Kulanu, Casa Judía, Judaísmo Unido de la Torá y Shas ha llevado a la oposición, encabezada por la Unión Sionista, a buscar el fin del Gobierno para no alargar una situación que se percibe como inestable y disfuncional.
Por ello, fuentes del Partido Laborista, integrado en la Unión Sionista, han apuntado que estas votaciones tendrán lugar "cada semana", lo que forzará a los diputados gubernamentales a estar siempre presentes en las mismas, limitando y casi eliminando la opción de que los ministros y Netanyahu realicen viajes oficiales al extranjero.
La inestabilidad del nuevo Ejecutivo se ha visto reflejada desde las mismas negociaciones de coalición, cuando cada partido e incluso cada diputado, plantearon una serie de condiciones a Netanyahu para mantener su participación en el débil Gobierno.
En este sentido, fuentes de Yesh Atid, una formación surgida en 2012 y centrada en asuntos socioeconómicos, han cargado contra Netanyahu por permitir que su agenda sea secuestrada por los partidos ultraortodoxos y ultranacionalistas, en referencia a Shas, Judaísmo Unido de la Torá y Casa Judía, que se ha hecho con tres importantes Ministerios (Justicia, Educación y Agricultura y Desarrollo Rural).
El partido, que participó en la anterior coalición tras cosechar unos muy buenos resultados al canalizar el sentimiento de protesta de las manifestaciones registradas en Tel Aviv en 2011, ha visto reducidos sus apoyos debido al surgimiento de Kulanu, un partido centrado casi en exclusiva en reclamaciones de carácter económico y la situación de la clase media israelí.
"Algo ha pasado en los últimos diez años en la situación económica, y hay que solucionarlo por los ciudadanos", han dicho fuentes de este partido, recalcando que la situación económica está por encima de la solución del conflicto árabe-israelí.
Sin embargo, el partido se verá forzado a tratar una gran cantidad de temas que serán planteados por sus socios de coalición, entre ellos varios partidos ultraortodoxos con los que no tienen prácticamente puntos en común.
La situación será delicada para todos ellos, ya que la salida de uno de los miembros del Gobierno en caso de que existan diferencias irreconciliables con alguna de las propuestas podría desencadenar la caída del Ejecutivo.
Uno de estos puntos de fricción será el propio conflicto, debido a la postura de Casa Judía, que se opone a la creación de dos estados y que aboga por el establecimiento de "un país para dos pueblos", una opción minoritaria si bien con respaldos tanto en Israel como en Palestina.
"Creemos que esta tierra nos pertenece. Nunca hubo un país ni una autoridad palestina. Las reclamaciones de un Estado palestino tienen como objetivo dañar y destruir Israel", ha valorado un alto cargo de la formación, quien ha subrayado que "no todo se puede solucionar en esta generación".
El partido ha arrancado además la nueva legislatura con un enfrentamiento abierto con el Tribunal Supremo de Israel, un organismo ampliamente respetado en el país, al que acusa de acumular demasiado poder y de interferir en las funciones de la Knesset.
"Hay que saber que no siempre el significado que los jueces dan a las leyes es el correcto, ya que hay diferentes interpretaciones", ha sostenido esta fuente.
Por último, otro de los puntos de fricción es el asunto de la integración de los jaredíes (ultraortodoxos) en el servicio militar, después de que se acabara con los privilegios con los que contaba esta comunidad desde la creación del Estado israelí en 1948.
La propia gobernadora del Banco Central de Israel, Karnit Flug, afirmó hace pocos días que la escasa inclusión de los hombres ultraortodoxos y las mujeres árabes-israelíes en el mercado laboral está causando un importante daño a la economía del país, una aseveración con la que ya se han mostrado de acuerdo desde Yesh Atid.
En el centro de esta discusión está el rápido crecimiento de la comunidad jaredí, con unas proyecciones que apuntan a que en 50 años la comunidad judía no ultraortodoxa bajará desde el 70 por ciento actual hasta cerca del 50 por ciento.
La diversidad de problemas políticos, socioeconómicos y diplomáticos --con la internacionalización del conflicto por parte palestina como foco-- a los que hará frente el Gobierno hace temer un nuevo adelanto electoral, al que se opondría la mayoría de la población a causa del desgaste y los costes económicos del proceso.
Pese a ello, desde Kulanu ya adelantan que estarían contentos "si el Gobierno dura un año o dos". La oposición tiene como estrategia que su duración sea la mínima posible.
