CARACAS, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El opositor Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei) ha presentado este miércoles un recurso de amparo constitucional ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela contra el sistema biométrico de compra de alimentos.
El presidente nacional de Copei, Roberto Enríquez, ha acudido personalmente a la sede del TSJ, en Caracas, para interponer el recurso de amparo, junto a las 726.000 firmas de apoyo que se han recabado este fin de semana en todo el país.
"Podemos decir que es el recurso de amparo que tiene mayor respaldo popular en la historia judicial del país, revisando las estadísticas, ni por este ni por ningún otro caso, hubo ningún recurso de amparo con tanto apoyo popular", ha destacado.
Enríquez ha explicado que Copei ha recurrido la instalación de las conocidas popularmente como máquinas captahuellas porque es una medida que va contra el pueblo venezolano. "Es inútil. No dará buenos resultados", ha advertido.
El líder democristiano ha achacado la escasez de productos básicos a "un modelo económico socialista cavernícola que ha acabado con el aparato productivo de Venezuela", según ha informado el diario local 'El Universal'.
"Industrias cerradas, más de cinco millones de tierras confiscadas que no producen alimento. Como siempre es el pueblo humilde el que paga los platos rotos", ha apuntado, acusando al Gobierno de "no conocer los sufrimientos y angustias del pueblo venezolano".
SISTEMA BIOMÉTRICO
Maduro ordenó el pasado 20 de agosto la instalación de lectores de huellas dactilares en las tiendas de alimentos de todo el país para racionar los productos que compra la población y responder así a la actual situación de escasez.
El Gobierno había anunciado anteriormente la creación de una Tarjeta de Abastecimiento Seguro con la que contabilizar los comestibles adquiridos en la red de distribución estatal, pero Maduro anunció una extensión del plan original para introducir un sistema biométrico en tiendas privadas.
El objetivo de este polémico plan es evitar que una misma persona compre grandes cantidades de alimentos para posteriormente revenderlos en el mercado negro o introducirlos de contrabando en Colombia, donde un kilo de harina puede venderse seis veces más caro.
La oposición ha criticado la medida, advirtiendo de que es una forma de imponer el racionamiento de los alimentos para evitar que la crisis de abastecimiento se agudice llevando a una falta absoluta de productos básicos.
Desde hace un año, Venezuela sufre una grave crisis de abastecimiento de productos básicos que el Gobierno de Maduro ha achacado a la supuesta "guerra económica" lanzada por sectores opositores, en concreto, al uso fraudulento de las divisas.
La oposición, en cambio, ha denunciado que la falta de productos básicos se debe a la mala gestión económica del oficialismo y a la corrupción en la administración pública.
