PAKISTÁN, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior paquistaní, Chaudhry Nisar Ali Khan, ha rechazado las críticas internacionales al aumento de ejecuciones y ha defendido que se realizan de acuerdo a la ley y la Constitución, por lo que "continuarán".
Khan ha anunciado que enviará cartas a varios países y a la Unión Europea para solicitar que respeten las leyes paquistaníes. En este sentido, el ministro ha asegurado "respetar" la postura de la UE pero ha recordado que la pena capital es legal en el país y debe ser respetada por los demás.
El ministro ha defendido la pena de muerte como un elemento disuasorio y ha lamentado que desde el levantamiento de la suspensión de esta condena hayan aumentado las voces en su contra, según ha recogido el diario 'Dawn'.
Durante su discurso Khan ha hecho referencia al caso de Aftab Bahadur, denunciado por la ONG Reprieve tras haber sido ejecutado por un delito que cometió con quince años y contra el que aseguran "había pruebas de su inocencia".
El ministro ha afirmado que durante todo el caso no se ha hecho referencia a la edad del condenado y ha defendido que existe un procedimiento del que se benefician hasta 10.000 condenados por delitos cometidos cuando eran menores de edad.
"Todo esto tiene lugar bajo la supervisión de un juez superior", ha explicado el ministro, que ha hecho referencia a más casos de ejecuciones criticados por la comunidad internacional.
AUMENTO DE LAS EJECUCIONES
Las autoridades de Pakistán han ejecutado a más de un centenar de personas desde que el primer ministro, Nawaz Sharif, retiró la moratoria a la pena de muerte en diciembre de 2014.
Sharif anunció su decisión tras un atentado ejecutado por los talibán paquistaníes contra una escuela de la localidad de Karachi, en el que murieron 141 personas, entre ellas 132 menores de edad.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Pakistán expresó a mediados de marzo su preocupación por las últimas ejecuciones en el país y por la decisión del Gobierno de aplicar también la pena capital a los condenados por delitos no relacionados con el terrorismo.
