El Parlamento israelí aprueba una ley que excluye de la seguridad social a los condenados por terrorismo y traición

MADRID 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Israel ha aprobado este lunes un proyecto de ley que busca excluir de la seguridad social a todas aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos de terrorismo, espionaje, asesinato, intento de asesinato por motivos terroristas y traición, entre otros.

El diputado del partido gobernante Likud, Ofir Katz, ha aplaudido la decisión y ha manifestado que "se acabó". "Los terroristas ya no recibirán ni un shekel más del Estado de Israel", ha dicho tras el debate parlamentario, que se ha saldado con una votación en la que 38 diputados han respaldado la medida frente a uno, que ha votado en contra.

Esta medida se aplicará, además, a aquellos reos que hayan sido condenados a penas de más de diez años de prisión. "Hoy estamos corrigiendo un gran absurdo. Esta ley pone fin a uno de los mayores fracasos morales del Estado. Hasta ahora, los terroristas seguían recibiendo nuestro dinero", ha puntualizado.

"Esta gente ha tomado la decisión de asesinar a judíos y han dañado al Estado de Israel. Cuando eres enemigo del Estado no debes recibir dinero del presupuesto del país que tratas de destruir. ¿En qué otro país pasa esto? Es indignante, es absurdo, y se termina hoy", ha añadido.

Según la nueva normativa, tras el fallecimiento de personas que hayan cometido este tipo de delitos, sus descendientes y beneficiarios no podrán acceder a las prestaciones tras su muerte, tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, la Knesset ha aprobado este lunes de forma unánime un segundo proyecto de ley que permite realizar labores "exhaustivas de reparación" de las comunidades israelíes situadas a menos de siete kilómetros de la frontera con la Franja de Gaza y define estas zonas como áreas "de especial interés" para lograr una "rápido regreso a la vida normal" tras los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) el 7 de octubre de 2023.

Esta normativa obliga al Gobierno de cara a los próximos siete años a "actuar de forma contundente para rehabilitar estas zonas". El Ministerio de Finanzas del país ha señalado que esto permitirá aumentar el presupuestos destinado a poner en marcha medidas económicas, sociales y de infraestructura en estas zonas