ANKARA, 26 Jun. (Reuters/EP) -
Mustafa Kalayci, vicepresidente del partido nacionalista MHP, aliado de la formación gubernamental AKP, ha asegurado este martes que el Gobierno debería prorrogar el estado de emergencia durante un tiempo, un mensaje que contrasta con la promesa del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, de derogar esta medida tras las elecciones legislativas y presidenciales del 24 de junio.
Turquía decidió imponer el estado de emergencia --que restringe las libertades y permite al Ejecutivo gobernar por decreto sin tener en cuenta al Parlamento-- tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016.
En la campaña electoral, el presidente turco prometió que lo primero que haría si ganaba los comicios presidenciales sería retirar el estado de emergencia.
Este martes, el vicepresidente del MHP, Mustafa Kalayci, ha dicho a la cadena de televisión CNN Turk que su partido no piensa discutir con el presidente sobre carteras ministeriales tras las elecciones del 24 de junio, en las que el AKP y MHP lograron la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento.
Por otra parte, las autoridades turcas han ordenado este martes la detención de 132 personas en varias operaciones contra seguidores del clérigo islamista turco Fethulá Gulen, afincado en Estados Unidos y al que el Gobierno de Ankara acusa de haber orquestado la asonada castrense, según informa la agencia de noticias Anatolia.
A primera hora del martes, las autoridades han ordenado el arresto de 30 personas que trabajan para la Marina y la Guardia Costera por su supuesta pertenencia a la red de seguidores de Gulen. Posteriormente, se ha ordenado la detención de otras 102 personas, incluidos varios militares y agentes de las fuerzas de seguridad, en 23 provincias del país.
Las autoridades turcas han realizado decenas de operaciones contra supuestos seguidores de Gulen desde el fallido golpe de Estado de julio de 2016. Desde la asonada, Turquía ha detneido a unas 160.000 personas y ha cesado de sus funciones a un número similar de funcionarios, incluidos militares, gendarmes, agentes, jueces y fiscales. De esa cifra, más de 50.000 personas han sido formalmente acusadas y han seguido en prisión durante su juicio.
