PEKÍN, 7 Feb. (Reuters/EP) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores chino ha pedido al Gobierno de España que no permita que se use su territorio "para actividades separatistas" contra China, después de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidiera rechazar el recurso de la Fiscalía para revocar las órdenes de detención contra el expresidente chino Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng.
Tras la decisión del magistrado, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Hong Lei, ha explicado que su Gobierno ha pedido al Ejecutivo de Madrid que "clarifique" lo que está sucediendo en el contencioso judicial por el Tíbet y ha confiado en que España impida que vuelvan a suceder un caso así.
"El tema del Tíbet es de interés central para China y para los sentimientos del pueblo y es extremadamente sensible", ha afirmado, en su rueda de prensa diaria. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino ha hecho hincapié en que España no debería "enviar un mensaje equivocado a las fuerzas separatistas tibetanas" sino dar pasos "para no permitir que el territorio español sea usado para actividades separatistas contra China" e "impedir que estos incidentes vuelvan a ocurrir".
El caso que investiga la Audiencia Nacional parte de una denuncia de dos grupos protibetanos y un monje con nacionalidad española que denunciaron al expresidente Jiang y al exprimer ministro Li en 2006 por considerar que habían cometido un genocidio en el Tíbet. Los dos exdirigentes y otros tres exaltos cargos chinos que trabajaban en el Gobierno en los años 80 y 90 están acusados de haber perpetrado abusos contra los Derechos Humanos en el Tíbet.
Los denunciantes se valen de la aplicación de la jurisdicción universal que realizan los tribunales españoles, un principio que se verá limitado en los tribunales españoles cuando se apruebe la reforma que ha planteado el Partido Popular en el Parlamento.
Las fuerzas gubernamentales chinas tomaron el control de la región del Tíbet en 1950. China mantiene que llevó a cabo una "liberación pacífica" de esta remota región marcada por la pobreza, la explotación y el estancamiento económico.
Los grupos de defensa de los Derechos Humanos y los exiliados tibetanos acusan al Gobierno chino de estar socavando los derechos lingüísticos, culturales y religiosos de los tibetanos y de emplear métodos brutales para imponer su autoridad.
Aunque es improbable que Jiang o Li terminen compareciendo en los tribunales españoles, este caso recuerda al que llevó a la detención del exdictador chileno Augusto Pinochet, detenido en 1998 en Londres por orden del entonces magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
