MANILA, 3 Ago. (Reuters/EP) -
La Policía de Filipinas ha matado este miércoles a seis guardias de seguridad que trabajaban en la residencia del alcalde filipino de la localidad de Albuera, Rolando Espinosa, en el marco de una operación antidroga llevada a cabo en la vivienda del primer edil, que había admitido estar involucrado en un caso de tráfico de drogas.
Unas 400 personas han muerto en operaciones similares a manos de las fuerzas de seguridad del país desde que el presidente, Rodrigo Duterte, tomó posesión del cargo el 30 de junio. Varios grupos de defensa de los Derechos Humanos, junto a medios de comunicación, han situado la cifra entorno a los 770 personas, incluyendo a más de 200 guardias de seguridad.
El número de muertes relacionadas con el tráfico de drogas ha alarmado a los grupos de activistas, que han instado a la ONU a condenar el aumento de ejecuciones extrajudiciales en Filipinas. El portavoz de la Policía Nacional filipina, Dionardo Carlos, ha explicado que el tiroteo entre los guardias de seguridad de Espinosa y la Policía se produjo después de que varios agentes irrumpieran en la vivienda del alcalde.
Espinosa había negado en varias ocasiones cualquier relación con el tráfico de drogas, pero había señalado que su hijo consumía metanfetamina, obtenida por medio de un traficante chino que se encuentra en prisión. "El incidente está relacionado con la investigación sobre el consumo de drogas por parte del hijo de Espinosa", ha afirmado Carlos, que ha indicado que otros seis guardias de seguridad escapado durante el tiroteo.
Duterte había advertido a Espinosa y su hijo, Kerwin, que la Policía les mataría si se resistían a admitir su relación con el tráfico de drogas. "Nos hemos incautado de trece armas de largo alcance y cinco pistolas", ha aseverado Carlos, que ha destacado que se presentarán cargos contra Espinosa por adquirir armas de forma ilegal.
La Policía ha destacado que también se han presentado cargos contra el alcalde de la isla de Mindanao después de que escapara de una redada policial la semana pasada, una operación en la que fueron arrestadas 16 personas y los agentes se incautaron de 1 millón de pesos (18.980 euros). Duterte ha prometido investigar, además, a decenas de gobernadores, alcaldes y políticos, a los que acusa de estar relacionados con el tráfico ilegal de estupefacientes.
