El presidente del Supremo de Kenia
REUTERS / BAZ RATNER
Actualizado: jueves, 2 noviembre 2017 14:57

NAIROBI, 2 Nov. (Reuters/EP) -

El presidente del Tribunal Supremo de Kenia, David Maraga, ha declarado este jueves que la Policía Nacional reforzó la escolta de los jueces después de que uno de sus guardaespaldas fuera tiroteado, desmintiendo así la información publicada por la agencia de noticias Reuters sobre un supuesto rechazado a un refuerzo solicitado por varios magistrados.

La falta de seguridad de los jueces del Supremo se convirtió en un foco de debate la semana pasada después de que se produjera el tiroteo en el que el escolta de la vicepresidenta del tribunal resultó herido, que tuvo lugar a última hora del martes.

Al día siguiente, cinco de los siete jueces que conformaban el comité encargado de resolver una petición para retrasar la celebración de las elecciones presidenciales al día siguiente no acudieron al tribunal, por lo que han aumentado los rumores sobre un posible intento por parte del Gobierno del presidente keniano, Uhuru Kenyatta, de intimidar a los magistrados.

De acuerdo con varias fuentes judiciales citadas por Reuters, tras el tiroteo, los jueces, que normalmente cuentan con un guardaespaldas por cabeza, solicitaron un vehículo extra para que sirviese de señuelo a los servicios de seguridad y así poder distraer a posibles perseguidores.

Según esta misma fuente, dicha solicitud fue rechazada. Los jueces del Supremo mostraron entonces su descontento ante la caracterización por parte del Gobierno del tiroteo de un delito común más que como un intento de intimidar a los jueces, que ya anularon la victoria de Kenyatta en las elecciones del mes de agosto.

El presidente del Supremo, David Maraga, ha asegurado en un comunicado que la historia publicada por Reuters es falsa. "Por el contrario, el inspector general de la Policía nacional ha aumentado la seguridad de los jueces del Tribunal Supremo", ha garantizado.

El portavoz del Ministerio del Interior, Mwenda Njoka, ha asegurado que a la vicepresidenta del Supremo, la jueza Philomena Mwilu, se le designó un total de seis policías para protegerla después de que fuera disparado su guardaespaldas, que en la actualidad se encuentra en el hospital en condición estable. Njoka ha asegurado que no ha podido proporcionar más detalles sobre la seguridad de los magistrados porque "implicaría una brecha en los protocolos de seguridad".

El Tribunal Supremo convocó una vista el 25 de octubre para tratar con urgencia una demanda de aplazamiento que argumentaba que no había garantías de que las elecciones fueran a ser libres y justas.

La demanda, presentada por tres personas el 24 de octubre, sostenía que la comisión electoral estaba dividida y no podía garantizar la limpieza de los comicios, recordando que el propio presidente del organismo, Wafula Chebukati, había dicho públicamente que sería "difícil" garantizar la limpieza de las elecciones.

Sin embargo, únicamente el presidente del Tribunal Supremo, David Maraga, se presentó a la vista, declarando que quedaba aplazada ante la falta de 'quorum', dando 'luz verde' a la celebración de las elecciones, en las que se impuso el mandatario, Uhuru Kenyatta, con el 98 por ciento de los votos y ante el boicot del líder opositor, Raila Odinga.

PROTESTAS

El propio Odinga ha instado este martes a protestar contra la repetición de las elecciones presidenciales, que sigue considerando una "farsa", aunque no ha convocado ninguna nueva ola de manifestaciones ni ha anunciado un recursos judiciales.

Odinga renunció a los comicios del 26 de octubre argumentando que serían igual de injustos que los del 8 de agosto --cuyos resultados fueron cancelados por el Tribunal Supremo--. Como ocurriese entonces, la Comisión Electoral ha vuelto a proclamar vencedor a Kenyatta, en esta ocasión con más margen aún.

La represión policial de las manifestaciones opositoras y los enfrentamientos entre simpatizantes de la coalición opositora Súper Alianza Nacional (NASA) y del Gobierno, se han sucedido en esta semana y han dejado cerca de una decena de muertos. La crisis electoral hace temer una ola de violencia como la desatada tras los comicios de 2007, que se saldó con más de mil muertos.

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