MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Túnez, Kais Saied, ha cesado a otros tres gobernadores provinciales, en medio de una batería de medidas adoptadas desde que la semana pasada suspendiera el Parlamento, cesara al primer ministro, Hichem Mechichi, y se arrogara todas las competencias.
La Presidencia ha indicado que la decisión, adoptada por decreto, afecta a los gobernadores de Medenine, Monastir y Zaghuan, Habib Chauat, Akram Sebri y Salá Mtiraui, respectivamente, tal y como ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP.
Saied no ha dado motivos para justificar esta decisión, que llega después del cese del gobernador de Sfax, Anis Ueslati, y el de los ministros de Finanzas y Agricultura, Alí Kuli y Mohamed Fazel Kraiem, respectivamente. El presidente ya cesó el 26 de julio a los ministros de Defensa y Justicia, Ibrahim Bartaji y Hasna ben Slimane.
Por otra parte, Mohamed Anuar Maaruf, un alto cargo del partido islamista Ennahda y exministro de Tecnología, ha sido puesto bajo arresto domiciliario, sin que hayan trascendido los motivos de la decisión, según ha informado la emisora tunecina Mosaique FM.
Maaruf, quien fue ministro entre 2016 y 2020, se convierte de esta forma en el más alto cargo de Ennahda en ser puesto bajo el radar de las autoridades desde que Saied se hiciera con todos los poderes. El Ministerio del Interior no se ha pronunciado por ahora sobre su situación.
Por su parte, el ex secretario general del Gobierno de Yusef Chahed y exministro de Medio Ambiente Riad Muajer ha negado las informaciones que circulaban en medios tunecinos sobre su puesta bajo arresto domiciliario, antes de agregar que está a disposición de la Justicia.
Ennahda, un partido islamista que cuenta con la mayoría en el Parlamento, volvió a tildar el jueves de "golpe de Estado" la decisión del presidente de arrogarse todas las competencias, si bien se mostró dispuesto a iniciar contactos con el mandatario para un diálogo que derive en una "vuelta rápida" a la situación constitucional.
En este sentido, el Consejo de la Shura del partido islamista se mostró a favor de "un diálogo con todos los partidos nacionales, particularmente el presidente, para superar esta compleja crisis, lograr la paz social y aplicar las reformas necesarias".
Aunque la Constitución de Túnez no permite la disolución del Parlamento, sí avala la suspensión de sus funciones durante un periodo de 30 días, algo a lo que se ha acogido el presidente del país para justificar su decisión, que llegó tras una serie de protestas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia y la crisis económica.