MOSCÚ, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente ruso, Vladimir Putin, ha ratificado este viernes la ley que aumenta las multas para quienes participen en manifestaciones no autorizadas por las autoridades, según el mandatario para tratar de proteger a la sociedad del "radicalismo".
La nueva ley, que entrará en vigor tras su publicación este sábado en el boletín oficial, eleva de 100 a 10.000 rublos (de 2,4 a 246 euros) las multas máximas para los ciudadanos que participen estas concentraciones ilegales.
Quienes sean considerados culpables de "violación de las normas de conducta" podrán ser multados con hasta 20.000 rublos (492 euros), 20 veces más que los 1.000 rublos contemplados actualmente como pena máxima.
La multa de mayor cuantía podrán recibirla quienes organicen manifestaciones no autorizadas, que podrán ser obligados a pagar hasta 300.000 rublos (7.250 euros).
"Una sociedad que permite manifestaciones y marchas debe protegerse del radicalismo", ha dicho Putin, que no considera las nuevas medidas especialmente duras. Sin embargo, ha planteado una posible revisión si los responsables judiciales lo consideran "necesario", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias RIA Novosti.
CRÍTICAS
El Consejo de Derechos Humanos del Kremlin había pedido a Putin que no firmase el texto, que también ha recibido críticas del Consejo de Europa y de la oposición rusa. El portavoz de la Presidencia de Rusia, Dimitri Peskov, defendió que la nueva norma va "en línea" con la legislación europea.
"Las autoridades están combatiendo las manifestaciones en lugar de luchar contra la injusticia que las causa", ha lamentado un portavoz de los movimientos opositores, Ilia Yashin, en declaraciones a RIA Novosti. A su juicio, esta política "absolutamente irresponsable" incrementa los riesgos de una "confrontación civil".
Yashin ha advertido de que la multiplicación de las multas no aplacará a los disidentes. "No nos asustamos fácilmente", ha apostillado.
La organización Amnistía Internacional (AI) ha criticado el incremento de la cuantía de las multas y ha instado a las autoridades rusas a "proteger el derecho a la libertad de expresión y de reunión".
John Dalhuisen, director del departamento de Europa y Asia Central en AI, considera que "la velocidad con la que se ha aprobado esta ley indica que su objetivo no es regular un derecho respetado, sino que es una respuesta corta de miras ante unas protestas cada vez más frecuentes".
Según AI, ha quedado demostrado que ni el Parlamento ni el presidente de Rusia respetan las opiniones de los ciudadanos y que la ley tiene como fin "impedir que la disidencia se exprese públicamente".
