MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -
El equipo de expertos del Tribunal Penal Internacional (TPI) que se ha trasladado a Kigali para facilitar el traslado a La Haya del 'señor de la guerra' y exgeneral congoleño Bosco Ntaganda, refugiado en la Embajada de Estados Unidos en Ruanda desde el pasado lunes, ha concluido, "sin ninguna sombra de duda", que el sospechoso tiene realmente la nacionalidad ruandesa.
Según ha informado este viernes el diario congoleño 'Le Potentiel', los expertos, que se trasladaron a Kigali el pasado miércoles, han concluido que Ntaganda nació en Ruhengeri, una ciudad del noreste de Ruanda, y que "no hay ninguna sombra de duda" de que su nacionalidad es la ruandesa "a todos los efectos".
Estas conclusiones, según el rotativo congoleño, habrían obligado precisamente al presidente de Ruanda, Paul Kagame, a desmarcarse de las palabras de su ministra de Asuntos Exteriores, Louise Mushikiwabo, quien el pasado martes había declarado que su Gobierno no tenía nada que ver en este asunto porque, entre otros motivos, el sospechoso tenía "nacionalidad congoleña".
Concretamente, Kagame declaró este miércoles durante un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, que su país estaba dispuesto a ayudar a la Embajada de Estados Unidos "en relación con Bosco Ntaganda para que el caso concluya lo antes posible", unas palabras que los medios congoleños han interpretado como un autorización del presidente para el traslado del sospechoso a La Haya.
El general rebelde se encuentra desde el pasado 18 de marzo en la Embajada estadounidense en Kigali, desde la que ha expresado su deseo personal de ser entregado al Tribunal de La Haya. Fuentes congoleñas han asegurado que Ntaganda ha optado por entregarse y arriesgarse a una fuerte pena de cárcel por temor a ser asesinado por sus propios lugartenientes del movimiento rebelde M23.
El Gobierno de Estados Unidos, que no ha podido explicar hasta la fecha los motivos por los que Ntaganda ha escogido su Embajada para refugiarse, se encuentra a la espera de que las autoridades ruandesas brinden la cooperación necesaria para facilitar el traslado a La Haya. Estados Unidos y Ruanda no forman parte del Estatuto de Roma, la norma que rige el TPI, por lo que no están obligados a cumplir las órdenes de arresto del tribunal.
El pasado mes de octubre, el Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU acusó a los Gobiernos de Ruanda y Uganda de apoyar militar, política y logísticamente al M23, un grupo armado alzado en armas en abril de 2012 y que ha sido acusado del reclutamiento de niños y de la ejecución sumaria de reclutas y prisioneros. Concretamente, el informe aseguraba que el ministro de Defensa de Ruanda, el general James Kabarebe, había comandado "directamente" a este grupo armado.
EL EJÉRCITO CONGOLEÑO
Bosco Ntaganda, de alrededor de 40 años, ha sido acusado por el TPI de diez cargos, siete por crímenes de guerra y tres por crímenes contra la Humanidad, en particular por homicidios, violaciones y reclutamiento de niños soldado en la región de Ituri (noreste de la República Democrática del Congo, RDC) entre 2002 y 2003, cuando comandaba el grupo rebelde Fuerzas Patrióticas para la Liberación de Congo (FPLC).
Aparte, Ntaganda ha ejercido de comandante de otros dos grupos rebeldes que han operado recientemente en la zonas de los Kivus (en el este de la RDC), el Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) y el citado Movimiento 23 de Marzo (M23), pero de momento no ha sido acusado por las violaciones de Derechos Humanos cometidas por estas dos milicias.
Lo cierto es que ni las órdenes de captura del TPI (emitidas en 2006 y 2012) ni la nacionalidad ruandesa de Ntaganda, de confirmarse, impidieron que el antiguo rebelde se integrara entre 2009 y 2012 en el Ejército congoleño, en cuyas filas comandó, en calidad de general, las operaciones militares contra los rebeldes ruandeses hutus refugiados en el este de la RDC.
Su caso es un ejemplo de cómo ha evolucionado el Ejército congoleño en los últimos diez años, sobre todo tras los acuerdos de paz firmados en 2002 en Sudáfrica, que permitieron la integración de los antiguos comandantes y milicianos rebeldes tanto en el Gobierno de Joseph Kabila como en las Fuerzas Armadas.
Como consecuencia de ello, el Ejército se ha alimentado desde entonces de soldados procedentes de todas las fuerzas beligerantes, entre ellos antiguos criminales de guerra y decenas de miles de militares extranjeros.