MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) ha congelado la concesión de nuevos contratos de extracción y circulación de sus recursos mineros a fin de poner orden en el sector y a la espera de que se revisen los términos y el cumplimiento del Código Minero, según informaron fuentes de la Misión de Naciones Unidas (MONUC).
Los expertos y miembros del Gobierno reunidos en Kinshasa entre los pasados 12 y 17 de marzo para analizar el estado general del sector en el país y para reclamar la revisión del código minero actualmente en vigor advirtieron de que más del 90 por ciento de las exportaciones mineras de la RDC, uno de los países más ricos del mundo en recursos minerales, son ilegales o están fuera de control.
Los participantes en la cumbre decidieron finalmente no revisar el Código Minero y sí, en cambio, reforzar las medidas de aplicación a fin de adaptarlas al actual contexto internacional del país. Por ello, el Gobierno --implicado en el encuentro-- ha decidido congelar la concesión de nuevos permisos.
En la cumbre se constataron numerosos abusos en el uso de estas concesiones, seis años después de la aprobación del código. De un total de 4.542 concesiones de extracción analizadas sólo doce se habían convertido en permisos de explotación y sus propietarios incluso se habían permitido exportar los productos sin dar cuenta de ello al Estado. Las 4.542 explotaciones en minas y canteras en todo el territorio nacional equivalen a un 33 por ciento de la superficie del país.
Según un miembro de la MONUC, Fabrice Badibanga --en un artículo publicado por la página de Internet de la misión--, muchos de los propietarios se limitan a especular con estas concesiones en las bolsas mundiales sin invertir en su explotación. Asimismo, muchas concesiones cambian de mano sin informar de ello a las autoridades competentes.
Por ello, el país se queda sin los beneficios derivados de la explotación minera, tan necesarios para el relanzamiento de la economía nacional, precisó Badibanga. La congelación de las concesiones podría permitir al Gobierno poner orden en el sector "y poner fin a los chanchullos", añadió.
Por iniciativa del ministro de Minas, Martin Kabwelulu, en junio de 2007 se inició una revisión de los contratos mineros a fin de, según sus palabras ante los asistentes a la cumbre, buscar "el equilibrio de los beneficios" entre el Estado y los socios privados, algunos de los cuales incumplen el Código Minero.
El código, en vigor desde 2002, suprime las exenciones fiscales para las empresas, aumenta el papel del Estado en el control de las actividades mineras, elimina las barreras arancelarias a la exportación o la importación y obliga a los titulares a cumplir una serie de obligaciones relativas al medio ambiente.
EL EXPOLIO
Las explotaciones mineras constituyen un asunto particularmente delicado en un país que además de poseer el 80 por ciento del coltán (colombio-tantalio) de todo el mundo --un mineral estratégico indispensable para la producción de teléfonos móviles y para la industria de las telecomunicaciones en general--, cuenta con importantes reservas de cobalto --esencial para las industrias nuclear, química, aerospacial y armamentística--, diamantes, estaño, cobre y oro.
Según muchos analistas y organizaciones de Derechos Humanos, el control de las regiones productoras del coltán fue el motivo fundamental para que las fuerzas militares del presidente ruandés Paul Kagame y ugandesas del presidente Yoweri Museveni atravesasen la frontera a mediados de los años noventa para, con la ayuda de multinacionales occidentales --sobre todo estadounidenses--, ocupar zonas del este de la RDC con la excusa de derrocar, sucesivamente, a los presidentes Mobutu Sese Seko y Laurent-Désiré Kabila.
Esta invasión fue el principal detonante de la llamada 'Primera Guerra Mundial Africana', que causó más de cinco millones de muertos. Se calcula que las corporaciones occidentales obtienen grandes tasas de beneficio gracias al coltán congoleño, en buena parte extraído por Ruanda --que adquiere sus armas con el producto de su venta-- y cuyos beneficios no quedan en la RDC.
En junio de 2006, la organización Global Witness denunció que los políticos y las empresas se apoderan fraudulentamente de una parte creciente de los minerales extraídos en Katanga, en particular cobre y cobalto, en perjuicio de la población de esta región del sur de la RDC. El mineral sale en grandes cantidades sin ser declarado, con las consiguientes pérdidas para la economía congoleña y las "considerables ganancias para un pequeño número de elementos poderosos".