MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -
La cifra de muertos por las protestas en la capital mozambiqueña, Maputo, ha aumentado a diez mientras la Policía ha afirmado que la huelga general es ilegal y ha prometido detener a sus organizadores.
El canal de televisión privado STV citó al ministro de Interior, Jose Pacheco, señalando que el Gobierno desea hablar con los resistentes sobre sus discrepancias. "La huelga es ilegal y no contribuirá a los esfuerzos por los mozambiqueños para luchar contra la pobreza. El Gobierno tiene mecanismos para el diálogo a través de la Presidencia Abierta y otras formas de consulta", indicó Pacheco, en una aparente referencia a las consultas rutinarias que realiza el presidente, Armando Guebuza, con los residentes de distintas zonas del país.
Al menos diez personas, entre ellos niños, han muerto por disparos en los enfrentamientos entre Policía y manifestantes en Maputo y en sus alrededores por las manifestaciones de los habitantes que se quejan del aumento de los precios en el país, una de las naciones más pobres de África, según han indicado la Policía y los hospitales, informa la agencia africana APA.
"Los padres tienen la responsabilidad de decir a sus hijos que no participen en las huelgas. Estamos trabajando para identificar a las personas que organizaron la huelga y les culparemos por los muertos y heridos así como por la destrucción de la propiedad", afirmó Pacheco.
Los disturbios se extendieron por todo Maputo y hay informaciones de tiendas que han sido saqueadas. Los mozambiqueños se quejan del aumento de los precios de productos básicos como el pan, cuyo precio el Gobierno ha incrementado un 30 por ciento este miércoles, junto con el incremento del coste del combustible y el cemento, entre otros.
"Registramos muertes, heridas, pérdidas materiales por el uso de piedras y tiroteos por la Polícia que usaba balas de goma. No hay orden de utilizar munición real", aseguró Pacheco.
Hace dos años, seis personas murieron en Mozambique durante las protestas por el elevado precio del combustible y el coste de la vida, lo que obligó al Gobierno a acordar reducir el coste de la gasolina diésel para los taxis.
