Ruanda/España.- El Parlamento ruandés pide acciones judiciales contra el juez español que procesó a 40 militares

BRUSELAS 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento ruandés ha instado al Gobierno de Kigali a presentar una denuncia por "negación del genocidio" contra el juez de la Audiencia Nacional española Fernando Andreu, quien el pasado mes de febrero ordenó el procesamiento contra 40 militares ruandeses por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo.

"Los diputados han pedido al Gobierno que persiga al juez español por negación del genocidio (de 1994), pese a que fue reconocido por la ONU", declaró el pasado miércoles el vicepresidente de la Cámara, Denis Polisi, citado por la agencia de noticias Belga. Por su parte, el ministro de Justicia, Tharcisse Karugarama, afirmó que los procesamientos dictados por Andrey no deben "preocupar" a los ruandeses porque "violan la ley".

En su auto, el juez Andreu indicó que en la década de los 90 más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas". Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas --dice el magistrado-- eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.

Concretamente, Andreu acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de haber tomado el poder por la fuerza y haber instaurado un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil de este país y de la República Democrática del Congo (RDC) entre 1990 y 2002. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no ha sido procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero su nombre figura en el auto de procesamiento por existir "indicios racionales de criminalidad" en su contra como responsable del Ejército ruandés.

El texto del mandato de la justicia española repasa la historia de Ruanda desde el comienzo de las agresiones de los rebeldes del Frente Patriótico Ruandés (FPR) ayudados por Uganda en octubre de 1990 y describe los crímenes en masa cometidos en las zonas conquistadas por el Ejército Patriótico Ruandés (APR).

Asimismo, acusa a Paul Kagame y al FPR del atentado perpetrado en abril de 1994 en Kigali contra al avión del presidente Juvénal Habyarimana, que sirvió de detonante para el estallido del genocidio. Entre abril y junio de 1994, más de 800.000 personas, principalmente tutsis, fueron masacradas por los partidarios de Habyarimana.

Posteriormente, el FPR de Kagame, de extracción tutsi, persiguió y asesinó a numerosos hutus que habían atravesado la frontera con la RDC huyendo de la violencia. Según las organizaciones de Derechos Humanos, Kagame aprovechó esta circunstancia para, con la ayuda de multinacionales estadounidenses, ocupar zonas del este de la RDC riquísimas en coltán, un mineral estratégico para la industria de las telecomunicaciones.

El procesamiento de Andreu coincide en sus términos con la acción judicial abierta en su momento por el juez francés Jean Louis Bruguière contra el actual régimen de Ruanda.

Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra", especifica el auto.

Seis de las víctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político-militar Ejército Patriótico Ruandés/Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR).