Ruanda.- El procesamiento español contra 40 militares cuestiona la política de Kouchner en Ruanda, según la prensa gala

PARÍS 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El procesamiento dictaminado el pasado miércoles por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu contra 40 militares del Gobierno ruandés por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, pone en cuestión la política del ministro francés de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, quien es partidario de una normalización de las relaciones entre Kigali y París y se ha mostrado muy crítico con la acción judicial abierta en su momento por el juez francés Jean Louis Bruguière contra el actual régimen de Ruanda, según destacó hoy el semanario francés 'Marianne2'.

Andreu acusa a los procesados, contra los que ha dictado órdenes de detención internacional, de haber tomado el poder por la fuerza y haber instaurado un régimen de terror en el país realizando "horrendos crímenes" contra la población civil de este país y de la República Democrática del Congo (RDC) entre 1990 y 2002. El actual presidente de Ruanda, Paul Kagame, no ha sido procesado porque como jefe de Estado tiene inmunidad de jurisdicción y de ejecución, pero su nombre figura en el auto de procesamiento por existir "indicios racionales de criminalidad" en su contra como responsable del Ejército ruandés.

"El texto del mandato de la justicia española repasa la historia de Ruanda desde el comienzo de las agresiones de los rebeldes del FPR (Frente Patriótico Ruandés) ayudados por Uganda en octubre de 1990" y "describe los crímenes en masa cometidos en las zonas conquistadas por el APR (Ejército Patriótico Ruandés)", se lee en el semanario.

"El documento acredita la orden dictada por el juez Bruguière, quien atribuyó a Paul Kagame y al FPR el atentado perpetrado (en abril de 1994 en Kigali) contra al avión del presidente (Juvénal) Habyarimana, atentado que precedió al estallido del genocidio", prosigue 'Marianne2'.

Entre abril y junio de 1994, más de 800.000 personas, principalmente tutsis, fueron masacradas por los partidarios de Habyarimana. Posteriormente, el FPR de Kagame, de extracción tutsi, persiguió y asesinó a numerosos hutus que habían atravesado la frontera con la RDC huyendo de la violencia. Según las organizaciones de Derechos Humanos, Kagame aprovechó esta circunstancia para, con la ayuda de multinacionales estadounidenses, ocupar zonas del este de la RDC riquísimas en coltán, un mineral estratégico para la industria de las telecomunicaciones.

"Recordemos que el ministro de Asuntos Exteriores, Bernard Kouchner, criticó la investigación del juez Bruguière", continúa el artículo de 'Marianne2'. El jefe de la diplomacia gala, prosigue, "trabaja abiertamente en favor de la normalización de las relaciones entre los Estados francés y ruandés".

Kouchner visitó Kigali el pasado 26 de enero, donde mantuvo una entrevista con Paul Kagame, en el marco del proceso de normalización de las relaciones bilaterales. La visita dio pie a múltiples comentarios críticos en Francia por temor a que sirviera para dar carpetazo al sumario de Bruguière, que provocó en su momento la ruptura de relaciones diplomáticas por parte del Gobierno de Kigali. En declaraciones a la prensa, el ministro francés ha llegado a calificar a Kagame como "un representante del Bien contra el Mal", según recordó la revista africanista 'Umoya', publicada por los Comités de Solidaridad con el África Negra.

EL AUTO DE PROCESAMIENTO

En su auto de procesamiento, el juez Andreu indica que en la década de los 90 más de cuatro millones de ruandeses fueron asesinados o desaparecieron "en el marco de un plan de exterminio por razones étnicas y políticas". Esta estrategia culminó con la invasión y conquista de la República Democrática del Congo. Las víctimas --dice el magistrado-- eran su mayoría refugiados hutus ruandeses y población civil congoleña, también de la misma etnia.

Entre las víctimas del genocidio se encuentran nueve españoles, víctimas de las matanzas que se prolongaron desde 1994 hasta el año 2000. Sus muertes se produjeron en campos de refugiados, donde trabajaban y "denunciaban los abusos sufrían los desplazados de guerra", especifica el auto.

Seis de las víctimas eran religiosos y el resto trabajaba para la ONG Médicos del Mundo. Todos ellos murieron a manos de miembros de la organización político-militar Ejército Patriótico Ruandés/Frente Patriótico Ruandés (APR/FPR).