La querella se dirige contra 31 ex altos cargos marroquíes por la desaparición de un total de 542 personas desde 1975
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no se pronunciará sobre la admisión a trámite de la querella interpuesta contra 31 ex gobernantes y ex militares marroquíes por familiares de presos y desaparecidos saharauis hasta que éstos concreten los hechos que se atribuyen a cada uno de los querellados, informaron fuentes jurídicas.
El fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira informó a favor de tramitar esta causa el pasado 5 de diciembre, y Garzón realizó su solicitud de concreción a los afectados seis días más tarde, a pesar de que la querella presentada tiene una extensión que supera los 1.000 folios.
Los impulsores de la investigación son asociaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de presos y desaparecidos, que imputan a los ex responsables marroquíes delitos de genocidio, asesinato, torturas y detenciones ilegales y lesiones practicadas por el Reino de Marruecos contra el pueblo saharaui desde octubre de 1975.
La citada querella fue interpuesta ante la Audiencia Nacional el 14 de septiembre de 2006 y, tras corresponder por reparto al Juzgado de Instrucción número 5, su titular pidió informe a la Fiscalía, que no se pronunció hasta casi tres meses más tarde.
INVESTIGACIÓN COMPLICADA
Fuentes de las asociaciones querellantes confirmaron hoy a Europa Press que la concreción de los datos requerida por Garzón es bastante complicada, por lo que no es previsible que el juez no disponga de dicha información durante las próximas semanas.
Los querellantes tienen contabilizados por el momento 542 desaparecidos, de los que la mayoría poseía documento nacional de identidad como españoles cuando fueron expulsados de sus hogares en 1975
Suscriben la querella la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis (AFAPREDESA), la Federación de Asociaciones de Promoción de Defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Federación Estatal de Instituciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (FESISSAH) y la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui (CEAS-SAHARA).
Entre los 31 querellados figura el ex ministro del Interior marroquí Dris Basri y el ex responsable de la Dirección General de Estudios y Documentación y consejero especial del rey de Marruecos Yassine Mansouri, además de otros responsables policiales y militares, entre ellos el general mayor de las Fuerzas Armadas Reales, Housni Ben Sliman, según detalla el texto de la querella.
Los hechos denunciados, se sitúan a partir del año 1975, cuando tras la firma de los Acuerdos Tripartitos de Madrid, "España se marchó de su provincia número 53, ocasionando la violenta invasión del Sahara Occidental por parte del reino de Marruecos", señala el escrito.
La querella afirma que la invasión y masacre contra el pueblo saharaui duró 16 años, tiempo en el que sus integrantes han sido sometidos a la dominación de una potencia extranjera que les impide "el ejercicio del derecho a su libre determinación, reconocido por la Resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU de diciembre de 1960, implicando con ello una denegación de los derechos humanos fundamentales".
El escrito presentado en la Audiencia Nacional relata que desde el 31 de octubre de 1975 y hasta la actualidad "el ejército marroquí ha ejercido una permanente violencia contra el pueblo saharaui" en una guerra de invasión que obligó a abandonar sus hogares a 40.000 personas, que tuvieron que huir al desierto y fueron perseguidos y bombardeados por las fuerzas invasoras con Napalm, fósforo blanco y bombas de fragmentación.
Con motivo de la presentación de la querella, el abogado Manuel Ollé, que representa a una de las asociaciones querellantes, se mostró confiado en que la Audiencia nacional aceptará la querella de acuerdo con los criterios del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la propia Sala de lo Penal de esta Audiencia, que ya ha investigado la comisión de delitos de persecución internacional, como el genocidio, referidos a las víctimas de la represión Argentina entre 1983 y 1973 y que actualmente instruye causas por el genocidio en Guatemala y en el Tíbet.
