RABAT, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno marroquí consideró hoy que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, que el martes anunció que investigará la presunta implicación de altos responsables marroquíes en presuntos "actos de tortura o de genocidio" de saharauis entre 1976 y 1987, debería preocuparse más por la situación de los Derechos Humanos en los campos de refugiados en Argelia y le acusa de alinearse con las tesis del Frente Polisario.
El portavoz del Gobierno marroquí, Jalid Naciri, en declaraciones a la televisión que recoge la agencia oficial MAP, consideró que "sería bueno que el juez Garzón se ocupe un poco del respeto de los Derechos Humanos en Tinduf". Se trata de "una posición contra los derechos históricos de Marruecos y en favor de la tesis del Polisario", denunció.
"No necesitamos que el juez español venga a decirnos lo que tenemos que hacer en la materia", añadió el portavoz, subrayando que los marroquíes "son capaces de ocuparse de toda la gestión en materia de Derechos Humanos, emancipación, libertades públicas y lucha por la democracia".
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se había declarado el martes competente para investigar el genocidio de cientos de saharauis que pudieron cometer altos cargos de Marruecos durante los años 70, 80 y 90. Entre los imputados se encuentran destacados funcionarios marroquíes que pudieron ordenar y dirigir distintas campañas de detenciones y posteriores desapariciones en ciudades del Sahara como Smara, El Aaiún o Tan Tan.
Destaca la presencia de Dris Basri, ex ministro del Interior y hombre fuerte del reinado de Hassan II, quien por otra parte falleció el pasado verano. También se encuentra entre los acusados el general mayor de Gendarmería, Housni Benslimane. En cuanto a él, Garzón especifica que fue el superior que ordenó y dirigió la campaña de detenciones y desapariciones en Smara en 1976. Este general fue premiado en 2005 con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores y previa deliberación del Consejo de Ministros, tal y como figura en el Boletín Oficial del Estado de 15 de enero de ese año.
El magistrado ha aceptado investigar una querella presentada en septiembre de 2006 por un delito de genocidio por asesinato, lesiones y torturas, contra un total de 32 marroquíes, aunque ha limitado el número de acusados, que finalmente será de 13.
La acción penal, que instruye unos hechos que Garzón califica como "enmarcados en una acción compleja y sistemáticamente organizada", se establece contra varios altos cargos, miembros del Ejército o las Fuerzas de Seguridad de este país, y que son sospechosos de haber participado en la tortura y desaparición de saharauis.
Garzón se declara competente en función "del principio de justicia penal universal", con el respaldo de distintos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional español y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
