Rehúsa precisar si España apoya la autonomía o independencia del territorio y lamenta que el PP prefiera vencer a convencer
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha admitido hoy que hubiera sido "muy difícil" para España resolver el caso de la activista saharaui Aminetu Haidar sólo con gestiones bilaterales con Marruecos y volvió a negar que el Gobierno haya cometido alguna irregularidad durante la crisis.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, evitó precisar si el Gobierno español apoya la independencia del Sáhara Occidental, como defiende el Frente Polisario, o la autonomía como propone Marruecos y lamentó que el PP haya demostrado en este caso que prefiere "vencer que convencer".
De la Vega subrayó que el Ejecutivo, tras expresar a Rabat su "discrepancia" por la decisión de expulsar a Haidar, desplegó "desde el primer momento" un "importante abanico" de gestiones para solucionar la situación de Haidar en las que incluyó a "países amigos y aliados" porque, explicó, para afrontar los retos la política exterior de este Gobierno apuesta "por el bilateralismo pero también por el multilateralismo", ya que la cooperación entre países y con organismos internacionales resulta en este mundo multipolar "fundamental y decisiva".
"La señora Haidar está en casa gracias a las múltiples gestiones realizadas por países y organismos a distintas bandas. Nosotros hemos estado ahí desde el primer momento gestionando con todos los países esa situación y agradecemos la colaboración de todos porque de otra manera hubiera sido muy difícil solucionar esta situación", reconoció.
En la misma línea, fuentes gubernamentales subrayaron que Marruecos ha cedido ante la presión internacional y por motivos humanitarios, sin olvidar que esos mismos motivos humanitarios estaban haciendo lograr apoyos a la causa saharaui.
La portavoz del Ejecutivo insistió en que el Gobierno no cometió "ninguna irregularidad" al permitir la entrada en territorio español de Haidar sin pasaporte y se remitió a las explicaciones que ofreció ayer en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Angel Moratinos, sobre la expulsión y posterior acogida de Haidar.
No obstante, subrayó que la activista entró en España "como residente legal" en aplicación del artículo 66 de la Ley de Extranjería, que prevé el traslado al punto de origen de los rechazados en frontera. La decisión de dejarla entrar, resumió, se hizo bajo el "respeto a la legalidad vigente", como los acuerdos Schengen, pero también por "razones humanitarias".
De la Vega lamentó la actitud de crítica del PP por la gestión del Gobierno en torno a este caso y le acusó de ser "el único que parece poco contento" con la resolución de la huelga de hambre que la activista mantuvo durante 32 días.
En su opinión, los 'populares' cuestionan todas las decisiones del Gobierno y apuestan "más por la implosión que por el diálogo". "Le gusta más vencer que convencer", afirmó y subrayó que frente a esta actitud el Gobierno aboga "por el diálogo, la cooperación y la convicción", como "la mayoría de los españoles".
De la Vega evitó precisar si la defensa que el Gobierno español hace de la libre determinación del pueblo saharaui significa que el Ejecutivo apoya la independencia o la autonomía del territorio.
Para la portavoz, la posición que ha mantenido y mantiene España en torno al contencioso es la "de siempre": "buscar un acuerdo justo, que sea aceptado por todas las partes, que lleve consigo la libre autodeterminación del pueblo saharaui en el marco de las resoluciones de Naciones Unidas". "Ahí no hay ningún cambio de posición y es lo que vamos a seguir manteniendo", aclaró.
RESTA IMPORTANCIA A CONSTATAR QUE LA LEY MARROQUÍ SE APLICA EN EL SÁHARA
También restó importancia al comunicado que emitió ayer el Ejecutivo en el que constata que hasta la solución del contencioso la ley marroquí se aplica en el Sáhara. Según ella, ese párrafo "lo único que hace es constatar algo que está en las resoluciones (de la ONU), que en tanto no se solucione el conflicto, es la ley marroquí la que rige allí".
El comunicado fue pactado entre España, Francia --país que estuvo muy implicado en la resolución del conflicto desde un primer momento-- y Marruecos, pero fuentes del Gobierno insisten en que no incluye concesión alguna por parte de España.
La vicepresidenta tampoco contestó a la pregunta de si Marruecos respeta los Derechos Humanos, si bien el comunicado de ayer del Gobierno que pedía a Mohamed VI que permitiera el regreso de Haidar señalaba que el gesto de aceptar a la activista "pondría un vez más de manifiesto su compromiso con la democracia y la consolidación del Estado de Derecho".
De la Vega sí manifestó la disposición del Gobierno a dar nuevas explicaciones en el Parlamento sobre cómo se ha gestado el fin de la crisis, si alguna fuerza política así lo solicita, y no pudo aportar, como algún periodista le pidió, el coste económico que ha tenido para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación fletar un avión para trasladar a Haidar.
Antes de las preguntas de los periodistas, De la Vega inició su intervención expresando la "satisfacción" del Gobierno por el regreso de Haidar a su tierra y con su familia y el deseo de que "recupere su salud lo antes posible".
Agradeció las gestiones realizadas por todas las instituciones y países que han colaborado a propiciar este desenlace: "Naciones Unidas, la UE, EEUU y muy especialmente el Gobierno francés".
"Ahora es el momento --continuó-- de seguir promoviendo junto a la comunidad internacional el avance en las negociaciones que en el seno de las Naciones Unidas han de hacer posible una solución política justa para el Sáhara Occidental".
