MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
Seis meses después de la firma del acuerdo de Estocolmo entre el Gobierno yemení y los rebeldes huthi, bajo los auspicios de la ONU, la violencia sigue sin remitir en Yemen, donde en este periodo otros 250.000 civiles más se han visto desplazados y donde los niños siguen muriendo por la explosión de minas.
El acuerdo rubricado el 13 de diciembre de 2018 buscaba rebajar la tensión en torno a la ciudad portuaria de Hodeida, principal punto de entrada de la ayuda internacional y de las importaciones comerciales al país, con un alto el fuego y un repliegue de fuerzas y abrir el camino hacia negociaciones de paz que pongan fin al conflicto que estalló en marzo de 2015.
Para el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), el acuerdo ofrecía un "rayo de esperanza" para los millones de yemeníes que se encuentran al borde de la hambruna como resultado de cuatro años de conflicto, pero "su puesta en práctica se ha quedado tristemente corta respecto a las expectativas".
El desplazamiento de personas ha continuado en los últimos cinco meses y más de 255.000 yemeníes se han visto obligados a abandonar sus hogares, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). La mayor cifra de desplazados se ha producido en Hodeida, donde unas 26.000 personas se han quedado sin hogar desde la firma del acuerdo.
MÁS VÍCTIMAS CIVILES
Además, según denuncia el NRC, en los cinco meses siguientes a la firma, la media diaria de víctimas civiles aumentó en un tercio en todo el país. Así, se han producido más de 1.750 víctimas civiles, incluidos más de 500 muertos. Una cuarta parte de estas víctimas se han producido en Hodeida, pese a que se ha registrado un descenso.
Según la ONG, más de tres veces más civiles murieron o resultaron heridos por armas ligeras en los cinco meses posteriores al acuerdo de alto el fuego que en el mismo periodo anterior.
Además, los civiles tienen dos veces más probabilidades de morir o resultar heridos por las minas que antes del acuerdo, en especial los niños. Al menos 80 menores han muerto o resultado heridos en este periodo, más del doble de los 34 registrados en los cinco meses previos.
"El Acuerdo de Estocolmo no es otra cosa que tinta en el papel si las partes enfrentadas y quienes les apoyan no actúan ahora", ha advertido el director del NRC en Yemen, Mohamed Abdi. "La mejor oportunidad para Yemen de parar el hambre y acabar con el conflicto de 4 años corre el riesgo de quedar en otro intento de paz fallido, pese a la reciente retirada de tropas de puertos en (la provincia) de Hodeida", ha lamentado.
El acuerdo ha tenido un impacto limitado a la hora de permitir un acceso seguro y sostenido a las comunidades que se encuentran en la línea de frente en Hodeida, mientras que unos 5 millones de personas en todo el país tienen problemas para recibir ayuda.
Los principales obstáculos a los que se enfrentan las agencias humanitarias que trabajan en el país, según el NRC, son las restricciones al movimiento de bienes y personal debido a los enfrentamientos y a la burocracia, incluida la declaración de zonas militares por las partes enfrentadas.
Desde finales de abril, ha denunciado la ONG, una de las carreteras clave que unen Adén, donde tiene su sede el Gobierno yemení, y Saná, la capital bajo control de los rebeldes huthis, está cerrada debido a los combates, lo que ha obligado a las organizaciones humanitarias a recurrir a otras rutas más inseguras, en las que el transporte tarda cuatro veces más y cuesta un 60 por ciento más.
LLAMAMIENTO A LAS PARTES
"Ha llegado el momento de que las partes enfrentadas y sus apoyos internacionales, que les arman y les influyen, asuman sus responsabilidades y negocien de buena fe, para que los próximos seis meses no se parezcan a los anteriores", ha reclamado Abdi.
El responsable del NRC les ha pedido que "ayuden a incrementar la circulación de bienes desde el puerto de Hodeida por todo el país para aliviar el sufrimiento de la población civil y compartan los ingresos de los puertos para pagar los salarios de profesores, trabajadores sanitarios y funcionarios civiles con el fin de fomentar la debilitada economía yemení".
