Sierra Leona.- Las víctimas de violencia sexual de Sierra Leona reivindican al Gobierno justicia y apoyo

MAKENI (SIERRA LEONA), 5 (EUROPA PRESS)

En una concentración multitudinaria celebrada ayer en Makeni, en la Provincia Septentrional de Sierra Leona, el personal de Amnistía Internacional (AI) y centenares de activistas locales pidieron al Gobierno recién elegido que se comprometiera a garantizar justicia y apoyo para las decenas de miles de mujeres del país que han sido víctimas de la violencia sexual, según informó la agencia de noticias africana Afrol News.

AI publicó además un informe titulado 'Reparación para las supervivientes de violencia sexual', que pone de manifiesto hasta qué punto las mujeres siguen estando estigmatizadas y sufriendo las secuelas de la violencia sexual relacionada con el conflicto en Sierra Leona.

"La inimaginable brutalidad de las violaciones que han sufrido hasta un tercio de las mujeres y niñas de Sierra Leona todavía no ha sido abordada plenamente por el Gobierno", manifestó la investigadora de Amnistía Internacional sobre Sierra Leona, Tania Bernath.

"Para las mujeres de Sierra Leona, la historia no ha terminado. Necesitan asistencia médica adecuada y el debido acceso a la justicia, el trabajo y las oportunidades económicas y educativas para que puedan reconstruir su vida", añadió Bernath. En virtud del derecho internacional, las personas que han cometido actos de violación, esclavitud sexual y violencia sexual que constituyen crímenes de guerra y tortura deben ser detenidas y procesadas, y las que han sobrevivido a esos crímenes deben recibir reparaciones plenas y efectivas.

En la medida de lo posible, se debe restablecer la situación que, con toda probabilidad, se habría dado de no haberse perpetrado el delito.

El Acuerdo de Paz de Lomé, firmado en 1999, dispuso la creación de un fondo especial para las víctimas de la guerra y de una Comisión de la Verdad y Reconciliación. Ese fondo aún no se ha creado a pesar de los repetidos llamamientos de la sociedad civil y de la obligación del Gobierno por establecerlo.